Editorial

Finanzas opacas en Gibraltar

LA sombra de que el sistema financiero de Gibraltar sigue siendo opaco e inaccesible para los gobiernos internacionales vuelve a proyectarse sobre las faldas del Peñón después de que Dinamarca, primero, y España, después, hayan señalado la necesidad de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vuelva a considerar a la colonia británica como paraíso fiscal no cooperante. Cuando ambos gobiernos han buscado datos sobre las operaciones realizadas por las más de 26.000 sociedades que operan en Gibraltar -que tiene pocos más habitantes- bien por evasión fiscal, bien por blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, sus departamentos de inspección fiscal se han chocado contra la Roca. Desde la Agencia Tributaria española se afirma que los datos que le ofrece la colonia cuando se le requieren -incluso en casos tan destacados como la Ballena Blanca- son muy escasos además de poco útiles. La decisión de reclamar a la OCDE que sitúe de nuevo en la lista negra de los paraísos fiscales a Gibraltar, por más que el Gobierno de Caruana diga que es falso, es una mala noticia, sobre todo después del voto de confianza que supuso en mayo pasado el informe favorable del Fondo Monetario Internacional, que sin embargo señaló una serie de debilidades -especialmente los escasos medios dedicados por el Peñón al control del entramado financiero- en las que, seguro, radican este revés. Por eso no basta con el desmentido del Gabinete de Caruana: hace falta un compromiso validado con hechos que haga confiar en la colaboración de Gibraltar para que no sea un nido en el que se refugien los piratas del siglo XXI y sus capitales. La política de cooperación seguida por el Ejecutivo de Zapatero respecto a la colonia en la última legislatura debe continuar en la que se inicia, pero es necesario exigir al Peñón que coopere siempre y no sólo cuando de ello obtiene un evidente beneficio. España no puede permitir que el centro financiero yanito sea un lugar donde se ampare a la delincuencia y debe trabajar por incorporarlo como un activo al desarrollo económico de Andalucía.

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