LA Consejería de Educación y Ciencia tiene previsto poner en marcha un denominado "Plan de Mejora y Calidad de la Educación". Argumentando a favor de dicho plan, una alto cargo de la Consejería declaraba a este periódico que era hora de que los centros, y no sólo la Administración, se hicieran responsables de los rendimientos de los alumnos. La afirmación es profundamente injusta y tremendamente atrevida. La mejora de la educación es un asunto complejo en el que deben tenerse en cuenta muchos factores que no siempre tienen que ver con la escuela. Esta complejidad contrasta con la simplicidad con la que se suele tratar el asunto, lo que quizás sea precisamente una de las causas de su precariedad.

Hace tiempo que la política educativa está dominada por una amalgama de posiciones neoconservadoras, liberales y tecnoburocráticas, en lo que algunos autores han denominado la "modernización conservadora". En su versión más actual esta política se basa, entre otras cosas, en la filosofía de la eficiencia, la fe en el mercado, la rendición de cuentas... y la dejación de responsabilidades por parte del Estado. A nivel práctico, una de sus principales tesis es la de asimilar la mejora de la educación a la mejora de los resultados que obtienen los alumnos en las diversas pruebas y exámenes a los que son sometidos. Admitiendo que el rendimiento de los alumnos puede ser un indicador de la calidad de la educación, el caso es que, a la vista del fracaso de las políticas centradas en las reformas escolares, la marea tecnoburocrática fija ahora su atención en el trabajo de los docentes.

Después de tantos estudios resulta que la solución es muy sencilla: maestros y profesores no hacen lo suficiente. Poco importa que la propia ministra de Educación declarara hace poco a la prensa que los resultados del último informe PISA revelan que el rendimiento escolar está relacionado fundamentalmente con el contexto sociocultural de las familias y que en términos parecidos se expresara la ex consejera andaluza. Puesto que no se puede o no se quiere actuar sobre los factores socio-económicos y culturales, y puesto que la retórica de la reforma ha servido para poco, el discurso de moda es el de hacer responsable del problema al trabajo de los docentes, sin precisar qué es lo que a partir de ahora deben hacer y antes no hacían.

Para ello está previsto recurrir al instrumental más clásico del fordismo industrial: aplicar un complemento en función básicamente de la mejora el rendimiento de los alumnos. El invento no es nada original, su más reciente aplicación ha sido la ley conocida como NCLB firmada en enero de 2002 por Bush. Tanto en este como en otros casos, los resultados demuestran la ineficacia de este tipo de medidas. No cabe duda de que la Administración está obligada a exigir a los docentes que cumplan con su trabajo y lo hagan lo mejor posible. Pero centrar todo un programa de Mejora de la Calidad en incentivar a los docentes en función del rendimiento de los alumnos es sobrevalorar los efectos de su trabajo, ignorando la potencia de otros factores.

El problema no es que este fármaco no sirva para curar, sino que, lejos de ser inocuo, puede terminar agravando la salud del enfermo. Y es que la aplicación de este tipo de medidas puede producir algunos efectos indeseados. De momento, y puesto que la adscripción se dejaría a voluntad de cada docente, la colaboración y trabajo en equipo se quiebran en beneficio de la competitividad. ¿Se establecerán distintos grados de compromiso con el aprendizaje de los alumnos en función de si se cobra o no el complemento? El principio de voluntariedad que la Consejería viene aplicando también a otros programas es, además, notoriamente discriminatorio. Puede ocurrir que los alumnos que no tengan la suerte de tener docentes con intención de ganar más dinero tendrán menos posibilidades de mejorar su rendimiento. De esta manera, lo que debe ser un objetivo básico de la Administración educativa respecto de todos los alumnos se reserva solamente a una parte de ellos. Por lo demás, esta política basada en la productividad de los docentes requiere un aparato burocrático y de gestión que, más tarde o más temprano, acaba sepultando las buenas intenciones en montañas de papeles y convirtiendo a los cargos directivos en gestores de la vigilancia.

Dentro de su complejidad, es cierto que la mejora de la educación requiere un mayor esfuerzo de todos, pero un esfuerzo ligado a programas de trabajo más que a ocurrencias desafortunadas. Suponer que pagar algunos euros más a algunos docentes durante algún tiempo va a contribuir decisivamente a la mejora de la educación y del rendimiento de los alumnos se me antoja un acto de fe que exige la conversión a la doctrina de la modernización conservadora. En fin, por si sirve de algo a los creyentes: ni en Finlandia ni en La Rioja los profesores ganan más en función del rendimiento de sus alumnos.