La tribuna

Juan Clavero

Fraude legal y medioambiental

SE ha consumado un fraude legal y medioambiental de consecuencias impredecibles. El Parlamento de Andalucía, a propuesta y con los votos del grupo socialista, ha aprobado la modificación de siete leyes medioambientales y de ordenación del territorio, encubriéndola en una Ley de Medidas Tributarias y Financieras y de Impulso de la Actividad Económica en Andalucía. Cuando creíamos ya superada la controversia entre conservación del medio ambiente y desarrollo, cuando había pasado la época en la que se planteaba el desmontaje de la protección medioambiental para favorecer el desarrollo económico, llega el PSOE y decide que para "impulsar la actividad económica en Andalucía" hay que desproteger incluso nuestros más emblemáticos espacios naturales. ¡Increíble, pero cierto! Ni la derecha más recalcitrante habría osado semejante maniobra.

Estas modificaciones pretenden agilizar la recalificación y urbanización de suelos. Parece que no hemos aprendido nada. Andalucía ha apostado estas últimas décadas por el sector de la construcción como motor de su desarrollo, y así nos va. Se han construido cientos de miles de viviendas, no para satisfacer el derecho constitucional de una vivienda digna para todos, sino para invertir y especular. Dinero fácil que ha condicionado y modificado muchas normas legales y muchas voluntades. Se ha modificado la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía para permitir grandes actuaciones urbanísticas e infraestructuras que sean declaradas por el Consejo de Gobierno "de interés autonómico", saltándose incluso los Planes Generales de Ordenación Urbana.

Es el urbanismo a golpe de decreto. Se puede adivinar en qué dirección irá, y a quién beneficiará este "interés autonómico". También se ha modificado el reciente decreto del golf, cediendo a todas las demandas de los promotores urbanísticos. La Junta ha pasado de asegurar que los campos de golf serían instalaciones turísticas sin desarrollos urbanísticos -y así los contempla el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)- a permitir urbanizaciones en los campos declarados de "interés turístico" (por la Junta, claro), y que estuvieran contemplados en los correspondientes planes subregionales. Ahora se elimina este último requisito. Queda así despejado el campo a los pelotazos urbanísticos y a la corrupción.

Con esta ley tributaria se han modificado de una tacada las principales leyes medioambientales: Ley Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Ley de la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley Forestal, Ley de Fauna y Flora Silvestres, y las leyes de Doñana, del Paraje Natural de las Marismas del Odiel y del Paraje Natural de Alborán. El objetivo es eximir de la autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente (CMA) a una serie de actuaciones "que no pongan en peligro los valores objeto de protección". Y, ¿quién decide que no ponen en peligro los valores de los espacios naturales? Pues la Junta, claro.

La discrecionalidad política, y el consiguiente clientelismo, se instaurarán en la gestión de los espacios naturales, vaciando de contenido y eficacia los respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Esta modificación abre las puertas a actuaciones de enorme impacto, como la autovía Huelva-Punta Umbría por las marismas el Odiel, el desdoble de la carretera El Rocío-Matalascañas, o la carretera norte de Doñana, que puede provocar la asfixia definitiva de nuestro más importante espacio protegido.

Tan grave como el fondo han sido las formas. No se ha tramitado una modificación de estas leyes medioambientales, sino que se han aprovechado las enmiendas a una ley tributaria para hurtar así el debate y la participación pública. Al tramitarse la ley en la Comisión de Economía y Hacienda, se ha eludido el debate en la de Medio Ambiente, y se ha impedido la participación -en contra de lo que estipula el Reglamento- de las entidades sociales interesadas, entre ellas los ecologistas. Tampoco se ha informado de estas modificaciones legales al Consejo Andaluz de Medio Ambiente, organismo asesor de la Junta de Andalucía en el que están representadas las administraciones, las Universidades y las entidades sociales, sindicales, empresariales…

Ha sido un golpe de Estado legal y medioambiental, con la total aquiescencia de la Consejería de Medio Ambiente, cuya titular ni ha rechistado ante esta reducción de protección de los espacios naturales y de competencias de su departamento. En definitiva, un filibusterismo parlamentario indigno de un Estado democrático avanzado. Andalucía está "al máximo", como pregona la Junta, pero de poca vergüenza política y de campo abierto a la especulación y a la corrupción urbanística.

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