AL ser un político con ideología y convicciones, Alberto Ruiz-Gallardón no decepciona. Una vez colmada -de momento- su larga ambición tras llegar a ministro, ha tardado sólo un mes en mostrar todo un plan para cambiar la Justicia de este país. Nada de cosmética. Reformas sustanciales en la organización y funcionamiento del tercer poder del Estado. Su impecable trayectoria democrática y su talante hacen con frecuencia que pase desapercibido otro rasgo de su personalidad: sus ideas son bastante conservadoras. El cambio que anunció ayer las refleja.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso ya ha dado motivos para varios debates sociales de importancia (y para más comentarios y análisis de los que van a conseguir algunos de sus colegas del Consejo de Ministros en toda la legislatura). Plantear de una tacada, como programa a corto y medio plazo, la reforma de la ley del aborto, la de la ley del menor, la cadena perpetua revisable, el cobro de tasas por recursos judiciales y la elección del Poder Judicial por los propios miembros de la carrera revela voluntad de cambio en profundidad.

Varias de estas revisiones responden claramente a demandas ciudadanas muy sentidas desde hace años. La vigente ley del menor, por ejemplo, ha mostrado reiteradas veces sus deficiencias, sobre todo porque conlleva el mismo tratamiento para un niño de 12 años que para un adolescente de 17 y porque su filosofía prioritariamente reinsertadora favorece a auténticos desalmados sólo porque son menores, sin distinguir a cada individuo y en cada caso. El ministro solamente ha explicado que habrá un procedimiento penal común para los delitos cometidos conjuntamente por mayores y menores, aunque se mantendrán castigos diferentes para unos y otros. Como debe ser.

También ha sido prudente Gallardón en la reclamada implantación de la cadena perpetua -él la llama más suavemente: penas permanentes revisables-, al dejarlas reducidas a casos excepcionales por su gravedad y alarma social, y en la reforma de la ley del aborto, de la que se eliminará aquel derecho de nuevo cuño que se concedió a las adolescentes de 16 y 17 años a abortar dentro del plazo común de las catorce semanas de embarazo sin autorización de los padres. Un "derecho" demagógico y juvenilista, destinado a evitarles a las embarazadas prematuras incluso el disgusto de ser mínimamente responsables de sus actos. No vaya a ser que sus padres les riñan.

En lo que yerra el ministro Gallardón es en su plan sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero esta opinión mía va a tener que quedar pendiente para otra esquina.