EN ajedrez, se llama gambito al sacrificio de una pieza para obtener una ventaja. Dicen los entendidos que tal maniobra atrae dos ganancias fundamentales: una primera de tiempo, en la medida en que el contrario, después del teórico rédito, necesitará de aquél para reorganizar sus huestes; y otra segunda de actividad, por cuanto el jugador que realiza el gambito podrá colocar sus piezas en casillas de otro modo absolutamente inaccesibles para él.

Esta mínima introducción viene a cuento de la delicadísima coyuntura que vive la Monarquía española y de las posibles salidas que pudieran propiciar la mejor salud futura de la institución. La conducta de Urdangarín -objetivamente similar a tantas otras, incluso de menor trascendencia que muchas, pero subjetivamente gravísima por sus peculiares circunstancias- y la decisión de la infanta Cristina de apoyar sin fisuras a su marido han abierto una crisis sin precedentes en la credibilidad de nuestra forma de Jefatura de Estado, reavivando, con argumentos nuevos y sólidos, el viejo debate sobre la lógica y la sensatez de su pervivencia.

Tiene el rey Juan Carlos el difícil compromiso de hacer ciertas sus palabras: todos los españoles son iguales ante la ley y han de ser tratados con la misma vara de medir. Lo malo de tan inmaculado principio es que todos son todos, incluso su hija, cuyo desconocimiento presunto de lo ocurrido no sé si ofende más nuestra inteligencia o la suya. Comprendo que no es fácil ser coherente cuando se arriesga la tranquilidad de los tuyos. Pero, con la frialdad que exige la alta política, me parece no sólo el único camino, sino el óptimo para reconducir un conflicto que, a la larga, pudiera ser letal.

Debería el Rey, entiendo, dejar que la Justicia actuara con libertad, permitir sin interferencias su labor y aceptar el resultado, por triste que fuere, de sus averiguaciones. El peligro final (que la infanta resultare encausada) tiene penosas connotaciones personales y afectivas para él. Aunque, por otra parte, paradójicamente supondría una verdadera bendición para la estabilidad del instituto monárquico. De entrada, dándose este caso extremo, la Monarquía se situaría súbitamente al frente del proceso de regeneración y de transparencia que necesita este país. Al tiempo, tal alto reproche, de producirse, marcaría un rigurosísimo nivel de intolerancia, dejando sin coartada y sin amparo a la legión de cuantos hoy medran impunes en esta España de los corruptos. Y, al cabo, el prestigio real perdido acabaría recomponiéndose.

Don Juan Carlos ha de optar entre sus deberes como padre y su responsabilidad histórica como Rey de una dinastía que a él le incumbe perpetuar.