EL juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro dictó ayer un auto de apertura de juicio oral contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por presuntos delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales de los imputados en el caso Gürtel. Garzón, que continúa pendiente de otros dos juicios (por su investigación de los crímenes del franquismo y por las facturas de su estancia en Nueva York), se sentará en el banquillo de los acusados por haber ordenado la grabación, en prisión, de las conversaciones telefónicas entre los principales cabecillas de dicha trama de corrupción política vinculada al PP, a los que había encarcelado, y sus abogados defensores. Este auto, que rechaza la última prueba solicitada por el magistrado, cierra el círculo de diligencias previas que abrió la Sala Penal del Supremo en febrero de 2010 al estimar que las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón a la Policía, por haber sido indiscriminadas, afectar a la generalidad de los letrados de la defensa de Gürtel y basarse en un artículo de la legislación antiterrorista, podían constituir un delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales, castigados con elevadas penas de inhabilitación. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había anulado todas las escuchas a efectos de la tramitación del escándalo de corrupción. Es de sobras conocido que la figura y la personalidad de Garzón están sometidas a una fuerte controversia y que colecciona partidarios y detractores prácticamente irreconciliables. Debe quedar constancia, no obstante, que en este caso no se le va a juzgar por sus posiciones políticas ni la repercusión mediática extraordinaria de su labor judicial durante décadas, sino por la actuación concreta que como juez instructor realizó también sobre un asunto judicial concreto: la legalidad o ilegalidad de las escuchas telefónicas que ordenó. El máximo órgano colegiado de la Justicia será el que decida.