Palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Garzón y sus detractores

EL Tribunal Supremo rechazó ayer el recurso del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional contra la admisión a trámite de la querella que presentó contra él el sindicato (o lo que sea) de inspiración ultraderechista Manos Limpias por abrir la causa contra los crímenes del franquismo. Supongo que la noticia habrá alegrado (con una alegría más tácita que explícita) a los muchos enemigos políticos que acechan los pasos del juez con el ánimo de celebrar sus fracasos y lamentar sus éxitos.

No es éste un comentario elogioso de Garzón, qué va. El magistrado ha interpretado el proceso penal en ocasiones de una manera más que discutible, ha pisado todos los charcos con una determinación temeraria, ha participado en caza mayor y, en fin, acarrea con todos los defectos atribuibles a un juez estrella. Pero sus méritos son igualmente formidables y difícilmente se podrían escribir los anales de la democracia española sin citar su nombre ligado desde la Audiencia Nacional a la persecución de los crímenes más odiosos: el terrorismo, la corrupción política, las mafias, la persecución de los más grandes y poderosos delincuentes, etcétera.

Por eso es un error tremendo formular un juicio categórico y concluyente contra el juez y contra todas sus iniciativas, como hace un amplísimo sector político que lo ha convertido en un enemigo a batir a cualquier precio. El intento de abrir una causa contra el franquismo fue un error procedimental ya corregido por las instancias superiores, pero es muy dudoso, como advierte el fiscal, que el empeño de Garzón fuese un delito de prevaricación. La denuncia de Manos Limpias ha hecho felices a muchos detractores del juez para quienes cualquier investigación que se desate contra él es bienvenida.

En este caso, sin embargo, hay una serie de particularidades a tener en cuenta. A mí no me cabe duda de que el presidente de Manos Limpias, el abogado pro franquista Miguel Bernard, delfín de Blas Piñar en la extinta Fuerza Nueva, no acosa al juez por un afán moralista ni por estar en desacuerdo de la ley de Memoria Histórica, sino que hay un trasfondo político indudable. Lo denuncia por perseguir al franquismo, por tratar de condenar, aunque simbólicamente, a todos los represores que colaboraron en el exterminio de miles de personas. Adolfo Prego, el magistrado del Supremo que firmó la admisión a trámite de la querella, es patrono de honor de la fundación para la Defensa de la Nación Española.

El trasfondo cavernícola que mueve todo este asunto es inquietante y conviene saberlo para evitar convergencias sospechosas.

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