la esquina

José Aguilar

Garzón, víctima de Garzón

QUE Baltasar Garzón pueda ser inhabilitado durante veinte años por haber intentado investigar los crímenes cometidos por el franquismo no se entiende por el caso en sí, sino por el personaje. Se le acusa de prevaricación, que es algo grave en un juez, pero por un hecho que el ciudadano menos versado podría considerar venial: pretender asumir para sí las competencias de la Ley de la Memoria Histórica y la reparación a las víctimas de la dictadura, ignorando que no le correspondían y que la Ley de Amnistía de 1977 saldó esas cuentas del pasado terrible.

Así las cosas, una rectificación en toda regla por un órgano colegiado superior al propio magistrado de la Audiencia Nacional y un varapalo del Poder Judicial habrían bastado para poner las cosas en su sitio. Pero, amigos, estamos hablando de Garzón, y sobre Garzón gravitan una serie de factores que le hacen singular e irrepetible. Desde su ego extraordinario a su firme determinación contra el crimen, de su veleidoso y ambicioso paso por la política a sus actuaciones decisivas contra ETA, los GAL y el narcotráfico, de su defensa de los derechos humanos universales a las instrucciones deficientes de algunos procesos.

Ha pisado tantos callos que el nivel y la intensidad de sus enemigos es sólo comparable al fervor incondicional de sus amigos. Por eso unos van al Supremo a vitorearle como héroe ciudadano vilmente perseguido por una conspiración fascista y otros están haciendo todo lo posible por quitarlo de juez. Le abren una causa en la que la Fiscalía no encuentra nada delictivo ni existe acusación particular, pero que sigue adelante por la acción popular de un presunto sindicato sin afiliados pero con ideología ultraderechista, al que el juez instructor -que por cierto no es franquista, sino un viejo demócrata- le explica cómo ha de redactar su escrito de personación en vez de rechazarlo sin más por su nula entidad.

Hace falta tenerle ganas a Garzón para continuar con este juicio... por más que se equivocara de plano. No podía revisar él solito los crímenes del franquismo porque la sociedad española pactó en 1977 olvidarlos a cambio de la amnistía de los presos y desterrados por el franquismo. Aquello fue un disparate, que trajo un acierto: sirvió para demostrar la falta de firmeza del Gobierno de entonces con la Ley de Memoria Histórica. Pero exhumaciones de víctimas de Franco ya las había antes que el superjuez quisiera dirigirlas.

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