NO es una sorpresa. Sí una mala noticia. Aunque, no lo duden, siempre habrá quien haga el discurso habitual: "El uso comercial generará beneficio económico y dinamizará el entorno". De hecho, es lo que ya sostiene -por escrito; ayer todos estaban en la Davis- el Ayuntamiento. Casualmente el mismo mensaje que en su día utilizó Monteseirín con el Parasol de la Encarnación: dinamización comercial. La historia, con variantes, se repite.

Pues sí: la actividad económica es buena. Magnífica en estos tiempos en los que el paro es nuestro cáncer. Aunque este discurso de máximos siempre obvia los matices. En el caso de la Gavidia, son trascendentes. A pesar de la idílica versión oficial, la decisión del PP de recalificar la comisaría -sustituir un uso dotacional mayoritario por otro lucrativo- es el principio de un proceso que, ya lo verán, no va a dejar de repetirse en la Sevilla herida por la crisis durante el próximo lustro. El mismo mensaje que en los tiempos del desarrollismo: el progreso lo exige. No es del todo verdad. O, al menos, no de la forma rotunda que se pregona.

La antigua comisaría policial, construida por Ramón Monserrat en 1962, es un reconocido ejemplo de arquitectura racionalista. Algo que este gobierno local no entiende bien ni, acaso, compartirán muchos sevillanos, que sólo ven estético el barroco, ese requiebro. Y, sin embargo, su valor arquitectónico está fuera de toda duda, aunque el patrimonio -para algunos- se limite únicamente a las iglesias.

La operación, por otro lado, tiene puntos débiles. El más notable: el social. Lo que la recalificación de la Gavidia implica no es ganar un centro comercial, sino perder un equipamiento para los vecinos del centro, que no están sobrados de dotaciones. Dígase toda la verdad. Con eso basta y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. El PGOU no sólo lo consideraba un espacio óptimo para un equipamiento cultural y civil, sino que lo protegía como un "sistema general". Esto es: parte del esqueleto sagrado de Sevilla. Zoido no entiende de barcos, aunque antes de llegar a la Alcaldía dijo que lo deseable era compatibilizar el uso público -que Monteseirín quiso permutar, pero nunca llegó a eliminar- con el 20% comercial que sí tolera el PGOU. Los tiempos han cambiado. La ley no: esta recalificación tendrá que justificarse. Lo primero, ante los ciudadanos.