Editorial

Un Gobierno que sale tocado

LA dirección andaluza de Izquierda Unida y el PSOE lograron de madrugada un principio de acuerdo que permitirá que el Gobierno de coalición no se rompa o, por lo menos, que no lo haga de forma inmediata. Básicamente, el acuerdo supone que se consagra el principio de legalidad defendido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que, por lo tanto, no se permitirá que los ocupas desalojados de la Corrala Utopía que no tenían derecho a un piso social disfruten de él. Si podrán acogerse a este beneficio ocho familias en las que se pueden acreditar las condiciones de urgente necesidad que recoge la ley. A cambio de ello, Díaz devolverá a la Consejería de Fomento las competencias sobre vivienda que le fueronarrebatadas en el decreto publicado ayer en el BOJA. Díaz ha impuesto su autoridad en el Gobierno andaluz y se puede decir que sale fortalecida de la crisis. Pero también hay que reconocer que el desgarro que se le ha hecho al pacto político que ha permitido los dos años de Ejecutivo de coalición va a ser muy difícil de recomponer. La próxima chispa provocará un incendio incontrolable. IU se ha conducido con torpeza e irreponsabilidad cediendo a un radicalismo impropio de un partido de gobierno. Tampoco los socialistas han demostrado la cintura política que cabría esperar de su larga permanencia al frente de los destinos de Andalucía. El decreto de la presidenta en defensa de la legalidad y de los derechos de los demandantes de viviendas oficiales entró en vigor ayer mismo. A última hora, la Consejería de Hacienda, que es la que tomó las competencias, realizó su veredicto: de las 22 familias supuestamente afectadas, sólo hay 17 expedientes, y de éstos nueve no se ajustan a las circunstancias de excepcionalidad. El resto, que son ocho casos, deben ponerse en manos de los servicios sociales. Ésa fue la última propuesta de la Junta y, realmente, no cabe más. Debemos preguntarnos qué injusticia se hubiera cometido de dar por buenas las 22 peticiones. Sobre esa base se ha alcanzado el principio de acuerdo que dejará las cosas en el Gobierno, aparentemente, como estaban. Pero se puede afirmar sin exageración que el bipartito de Andalucía sale tocado. La situación ha sido de todo punto insólita y será difícil de gestionar a partir de este momento. Los ciudadanos andaluces no se merecen que sus gobernantes jueguen a desestabilizar las propias instituciones que encarnan. Los problemas de Andalucía son tan graves, profundos y duraderos que no se puede perder una sola hora de tiempo en juegos políticos de cortos vuelos restándosela a los planes, programas y trabajos que tales problemas exigen.

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