LAS reuniones reservadas son reservadas y aunque me someta a tortura, no contaré nada". De este modo, solventó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, la reunión -reservada, ya se sabe- que mantuvo ayer con el portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, para hablar -se supone- sobre las misiones diplomáticas de Cataluña en el extranjero. Hay asuntos políticos que, en efecto, necesitan las cámaras alejadas, y es bueno que los dirigentes se reúnan de vez en cuando con un objetivo más ambicioso que el de salir en unas imágenes en los medios de comunicación. Pero todo tiene un límite, y este Gobierno ha comenzado a cruzar una línea que divide el espacio reservado del secreto. Mariano Rajoy -que sepamos, porque ni ayer, después de su visita al Papa, quiso realizar declaraciones- se ha reunido en las últimas semanas con los presidentes de la Generalitat y del País Vasco, Artur Mas e Íñigo Urkullu, respectivamente. Supuestamente para tratar asuntos fiscales: es decir, de la financiación de sus comunidades autónomas. Este tema no admite más secretismo: si de lo que se trata es de una aproximación del Gobierno central al interés de CiU por obtener un trato fiscal preferente para Cataluña, la opinión pública y el resto de gobiernos autonómicos deben saberlo. El de la financiación es un asunto que el ex vicepresidente económico Pedro Solbes definió como un sudoku, y en efecto, lo es: mientras no esté constitucionalizado, es el Gobierno central, con el mayor consenso posible de todas las comunidades, el que debe decidir sobre ello, y no sobre pactos anteriores que ni siquiera sabemos si existen. Esto es lo realmente grave del asunto. La Junta de Andalucía, por medio de su presidente, José Antonio Griñán, ya advirtió que hay comunidades mal financiadas con el nuevo sistema, entre ellas, Andalucía, Canarias y Cataluña, y solicitó en la Conferencia de Presidentes, y le fue aceptada, la creación de un grupo de trabajo para abordar otro sistema de repartir cargas y fondos entre comunidades. ¿Qué hay de ese grupo? ¿Cuáles son realmente los plazos? ¿Llegarán las comunidades a negociar con un acuerdo previo entre el Gobierno y Cataluña que alivie la crisis institucional de esta comunidad? Son dudas demasiado graves para que nadie del Gobierno las aclare o que se solvente con una gracia ingeniosa del ministro de Asuntos Exteriores. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se reunió con Artur Mas en otro encuentro reservado. La opinión pública no se merece tales reservas, más aún cuando son las comunidades autónomas las encargadas de proveerla de los servicios que integran el Estado de bienestar.