LA frase es de las que merecerían quedar fijas en la historia. Sin duda, esculpida en mármol, así que intentaremos hacer todo lo posible. Reza así: "No estamos en condiciones de afirmar absolutamente nada". La pronunció ayer en una rueda de prensa Curro Pérez, el portavoz del gobierno de Juan Ignacio Zoido. Para haber sido dicha por un vocero oficial -como llaman en Argentina a los encargados de transmitir a los ciudadanos lo que piensan los gobernantes públicos- convendrán conmigo en que es realmente notable. Talentosa. El portavoz habla pero admite que no dirá nada. Mejor dicho: asume que sólo contará lo que pueda decir. Aquello que le dejan. Da igual.

No es raro. La sentencia del Supremo que ayer dio la razón a la Junta de Andalucía, que es la que aprobó definitivamente el PGOU, pone fin a la incertidumbre que durante el último lustro ha mantenido en el aire la ordenación urbana de uno de los enclaves más estratégicos de Sevilla: los terrenos de Los Gordales, herencia de un antiguo brazo del Guadalquivir que fue soterrado el pasado siglo y que, a partir de los años setenta, terminó convertido en el Real de la Feria. Hasta ahora.

En este sentido, la resolución judicial es una noticia excelente. Magnífica. La ciudad ya sabe con certeza que goza de autonomía para que Los Gordales acojan los proyectos previstos: un campus universitario, zonas verdes, una banda de usos terciarios (comercial y oficinas) y la futura Ciudad de la Justicia. Lo que estaba en discusión, además de dinero -el Gobierno central reclamaba mayor tajada por ceder los suelos-, era la propia capacidad jurídica del Consistorio para ordenar su territorio. Algo que se ha puesto en duda interesadamente en algunos otros litigios anteriores -Tablada, sin ir más lejos- y que, últimamente, al calor de la obra interruptus de la biblioteca del Prado, parecía ser cuestionado hasta por el actual gobierno local. Cosa llamativa.

Tanto el famoso fallo del TSJA avalando la calificación urbanística de Tablada -cosa distinta es el proceso de expropiación- como el que ayer dio a conocer el Supremo respaldan las directrices del Plan General de Sevilla, cuyos principales críticos -ahora- son justamente los políticos a los que corresponde aplicarlo. Primero, porque es su obligación. Y segundo porque no cuentan con mejor alternativa para tratar de resucitar la maltrecha economía de la capital hispalense.

Sevilla, pues, gana. Que lo haga también el gobierno municipal de Zoido ya es cosa bastante más dudosa. Discutible. Relativa. Quizás por eso ayer su voz oficial prefirió ser cauto. No es mala actitud: los excesos, en el urbanismo al menos, no le han salido bien al PP en el año largo que lleva en la Alcaldía. Pérez se limitó a repetir el guión de los tiempos de la oposición, cuando el PP recordaba que el litigio contra el Plan General lo puso un Gobierno central presidido por Zapatero. Un presidente socialista. Anatema. Claro que esto, a estas alturas, con las siguientes elecciones a tres años vista, tiene una trascendencia igual a cero. Mínima. Ridícula. Lo importante, más que su promotor, era la resolución final de la demanda. Y aquí nadie puede hablar demasiado alto: Zoido, aunque lo ha intentado, tampoco ha podido conseguir que la actual administración estatal -ahora dirigida por el PP- retirase el recurso de casación presentado al no aceptar la derrota judicial previa que se produjo en el fuero autonómico. Hubiera sido una gran victoria para el alcalde. Lástima.

Este fallo del Supremo no ayuda demasiado al gobierno municipal. Incluso a pesar de la versión oficial. Es cierto que no lo pone en un aprieto, pero sí invalida uno de los argumentos que esgrimía el alcalde para proponer que la Ciudad de la Justicia se construyera sobre los juzgados del Prado de San Sebastián en lugar de en Los Remedios. Si el futuro de Los Gordales era una incógnita, la opción del Prado aparecía como una cuestión, al menos, a discutir. Ahora ya no está tan claro. Si al final se impusiera no será porque el alcalde haya convencido a la Junta, sino porque ésta -sin dinero ni demasiado entusiasmo- opta por entregar la decisión al regidor, que a su vez la delegará en una empresa constructora, porque todo el proyecto del distrito judicial del PP deviene, igual que pasa en la Alameda, de un interés comercial: construir un aparcamiento. En este caso, además, ayuda también la obsesión gremial del mundo jurídico sevillano de "no salir del centro". Como si Los Gordales estuvieran en la luna. El habitual dogma centrípeto. Tan sevillano. Urbanísticamente hablando, la idea del Prado es un dislate: el espacio elegido es pequeño para las necesidades de los órganos judiciales e incluye parcelas -la del antiguo equipo quirúrgico- con usos ya decididos, sin contar con el colapso que provocaría en uno de los ejes viarios más saturados de Sevilla el castillo de la judicatura. Los Gordales es la opción más lógica. En primer lugar, porque cuenta con toda la seguridad jurídica -idea que repite mucho el alcalde- del PGOU. Segundo: tiene accesos viarios de mayor capacidad. Y tercero: construye ciudad. En el Prado, en cambio, la satura. El único problema -ahora- es que hay que sacar la Feria de Los Remedios. Una operación que, aunque tiene un coste económico importante, no supone levantar una catedral. Puede y debe hacerse. ¿Dónde? Al Charco de la Pava, olvidándose de la desmesurada ampliación diseñada por Monteseirín -en caso contrario, las casetas deberían tener varias plantas-, o buscando alternativas en terrenos no urbanizables, acaso inundables -se usarán sólo una vez al año- y donde el interés público justifique una hipotética expropiación, siquiera parcial. Tablada se vislumbra como una opción. ¿Será por eso por lo que el portavoz del gobierno municipal no habla?