CASI a las nueve de la mañana de ayer, tras diecisiete horas de tensa cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno de la Eurozona alcanzaron finalmente un acuerdo que abre la vía para conceder un tercer rescate a la economía griega a cambio de un severo programa de reformas que habrá de acometer Atenas de manera inmediata. Estas reformas, que deben aprobarse en los próximos días, incluyen el sistema de pensiones, con la congelación de su cuantía y el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años; el cambio en la legislación laboral hacia una mayor liberalización; la subida del IVA; la modernización de la Administración; un programa de privatizaciones y, dentro de él, como principal novedad, la creación de un fondo por 50.000 millones de euros al que Grecia ha de transferir sus activos privatizables y cuyos beneficios se destinarán a reducir la deuda, estando teóricamente en manos de Grecia, pero con supervisión de las instituciones europeas, que tendrán capacidad para controlar cualquier ley relevante relativa a la economía y las finanzas. Se trata de un ambicioso plan encaminado a controlar el déficit, de modo que la deuda de los griegos no siga aumentando. Precisamente las exigencias que la troika venía planteando a los gobernantes helenos como condición para aprobar un tercer rescate -cuya negociación no empezará hasta que se acuerden las reformas antedichas- y permitir la inyección a la banca que acabe con el corralito y la intervención. Una cosa es segura: las condiciones ahora impuestas y aceptadas por el jefe del Gobierno griego, Alexis Tsipras, son más estrictas que las que el propio primer ministro rechazó hace dos semanas, sin que éste haya obtenido siquiera la contrapartida de renegociar la deuda previa. En el documento pactado se habla de una reestructuración en los plazos, pero no de quitas. El acuerdo alcanzado ayer al filo de la navaja descarta la eventualidad de un abandono por parte de Grecia de su adscripción a la zona euro y responde a la lógica de las relaciones entre un deudor con enormes dificultades para saldar su deuda y unos acreedores no dispuestos a seguir engordándola sin recibir señales y garantías de que el Estado griego va a abandonar sus excesos de clientelismo, hinchazón de funcionarios y desmadre fiscal. No obstante, supone un enorme factor de desestabilización interna en la política griega inmediata. Tsipras endosó a los ciudadanos griegos la responsabilidad de decidir entre lo malo y lo peor planteando un referéndum demagógico que no ha servido para nada. Si acaso, para debilitarle a él y a su partido, Syriza, que afronta una crisis impredecible, en la que no se descartan nuevas elecciones.