NO es enteramente cierto que el presidente Griñán se haya puesto exigente con el Gobierno de la nación precisamente ahora que a Zapatero le quedan dos pelados y a él mismo no le llega la camisa al cuerpo (al cuerpo electoral, que será llamado a votar dos veces, sin que ni ZP ni Griñán parezcan sus preferidos).

Durante su legislatura al frente de la Junta -que serán más bien tres cuartos de legislatura- Griñán ha discrepado del Gobierno en varias materias, como la emisión de deuda, las oposiciones de enseñantes y, sobre todo, la propia convocatoria electoral por separado. También acerca de la reforma constitucional en trámite hubo sus más y sus menos, aunque el andaluz terminó plegando velas, como casi todos.

Pero es verdad también que su último despliegue reivindicativo huele que apesta a pose preelectoral y trampa para osos. Para osos del PP, concretamente. Me refiero a la exigencia de que las competencias exclusivas sobre el río Guadalquivir sean transferidas a la Junta de Andalucía mediante el mecanismo de la delegación de competencias estatales contemplado en la Constitución. Ocurre que el Tribunal Constitucional dejó claro, en marzo pasado, que la legislación, ordenación y concesión de recursos en las cuencas que discurran por más de una comunidad (y la del Guadalquivir discurre, aunque poquito, por Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha) corresponde exclusivamente al Estado. Claro como el agua clara, según el artículo 149 de la Constitución.

Nos gustará más o menos, pero el hecho es que esta parte de nuestro Estatuto de autonomía ha quedado anulada por el Constitucional, igual que quedó anulado por el Supremo el decreto que traspasaba las competencias al Gobierno andaluz. Lo que está haciendo la Junta es tratar de sortear estas dos sentencias buscando otra vía para llegar al mismo resultado. Hemos de ser consecuentes: denunciamos a los nacionalistas catalanes por desbordar la Constitución en numerosos artículos de su Estatut; por tanto, hemos de acatar también la sentencia que declara inconstitucional este apartado del Estatuto andaluz.

Al presentar su iniciativa cuando las actuales Cortes agonizan y no tendrán tiempo ni de examinar la petición, los socialistas andaluces desvelan su estrategia: obligar a Arenas a pronunciarse (lo hará a favor porque no le cuesta ningún trabajo ni le compromete a nada) y adelantar que éste será uno de los ejes de su confrontación con el presumible Gobierno de Rajoy -seguro enemigo de la delegación de competencias sobre el río- durante los meses que van desde las elecciones generales a las autonómicas. Una estrategia que da por sentada la derrota de Rubalcaba el 20 de noviembre.