EL presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha empezado tímidamente a dar algún paso en la dirección de reformar la Administración autonómica, uno de los compromisos que asumió en su discurso de investidura. Un grupo de responsables políticos y expertos en Administración, Hacienda y otros departamentos prepararán un informe encargado por Griñán para proceder, durante el año 2010, a la descentralización de la Junta. La idea es que la Administración autonómica, compleja e inflada, se reduzca a nivel político, procediéndose a disminuir el número de delegados provinciales y a asignar a los que queden funciones que ahora se ven centralizadas en las propias consejerías. La verdad es que, eludiendo en todo momento el mandato del primer Estatuto de Autonomía para que las diputaciones actuasen en buena medida como organizaciones territoriales del Gobierno andaluz, la Junta ha ido incrementando sin cesar sus estructuras provinciales (pasan del centenar las delegaciones en las ocho provincias). Si el anuncio del presidente se concreta y no queda en una promesa más, creemos que se camina en la dirección correcta, coincidiendo también con reiteradas demandas de la oposición política. De todos modos, se trata de una reforma parcial, que no ataja los males endémicos de una Administración con tendencia irrefrenable a crecer y expandirse, con el resultado de que Andalucía es una de las comunidades autónomas de las que mayor número de ciudadanos depende profesional y laboralmente. Nada se dice, por ejemplo, del amplio bosque de empresas públicas puestas en marcha, unas veces con justificación y otras simplemente con el objetivo de rehuir los controles legales habituales en la Administración pública. Una parte considerable del presupuesto andaluz se destina a poner en marcha estas empresas que, por otro lado, tienden a propiciar una cultura de la subvención y asfixia de la sociedad civil. Bienvenidas las iniciativas de las dos nuevas leyes locales y la de descentralizar la Junta, pero echamos de menos la firmeza y la celeridad para someter a la Administración autonómica a la dieta de adelgazamiento global que necesita.