OTRO viernes negro -para la Junta de Andalucía- en la instrucción que la juez Mercedes Alaya viene haciendo del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados desde el poder autonómico durante nueve años. El mayor escándalo de corrupción política investigado en territorio andaluz.

La juez dictó ayer un auto mediante el que suspende las tomas de declaración previstas a imputados e intrusos en los ERE para poder analizar "el relevante atestado" que le ha remitido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según el cual el Gobierno andaluz utilizó deliberadamente un sistema de "adjudicación irregular de ayudas que de manera injustificada sustituía a la legislación aplicable" e impedía su fiscalización. Incluso en el último periodo, ya en plena investigación, un ex director general de Trabajo sacó de los expedientes documentación que podría haber resultado comprometida.

Es un informe oficial, no una sentencia, pero revela la sustancia del caso de los ERE: procedimientos irregulares, descontrol en la concesión de las ayudas y, en consecuencia, discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos que en vez de responder a necesidades objetivas de empresas en crisis o trabajadores en dificultades atendían a intereses personales (de familia, amistad o compañerismo de los altos cargos implicados, afirmo yo, no el atestado de la UCO).

El informe de la Guardia Civil, en línea con las sospechas de Mercedes Alaya, complica el horizonte penal de unos cuantos cargos públicos socialistas al afirmar que las irregularidades eran conocidas por la comisión de viceconsejeros que presidía Gaspar Zarrías, los ex consejeros Viera y Fernández -en prisión provisional-, sus viceconsejeros y tres directores generales de Trabajo (uno de ellos, Francisco Javier Guerrero, también preso, ubicado en el epicentro del escándalo.

Los investigadores apuntan igualmente que el actual presidente andaluz, José Antonio Griñán, tenía que conocer el funcionamiento de la trama a través de los reparos que le remitía la Intervención General de la Junta cuando era consejero de Economía, con Chaves de presidente. A esto trató de responder en su día la viceconsejera (hoy consejera) Martínez Aguayo, atribuyéndose la decisión de no informar a Griñán porque el interventor no presentó nunca un informe de actuación. Pero el marrón de Griñán no hay quien se lo coma. Debe comparecer en la comisión parlamentaria investigadora que se creará pronto. Allí se determinarán sus responsabilidades políticas.