NADIE duda de la intensa relación del río Guadalquivir con Andalucía, pero tampoco nadie puede dudar de que la cuenca hidrográfica del Guadalquivir se extiende a otras comunidades autónomas, como Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. La Constitución española en su artículo 149.1.22, establece muy claramente como competencia exclusiva del Estado la "legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma". Posteriormente, diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, de 1988 y 1996, han fijado el criterio de cuenca hidrográfica como unidad de gestión en materia de aguas, ya que "permite una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que lo integran, en atención al conjunto de intereses afectados que, cuando una cuenca se extiende al territorio de más de una comunidad autónoma, son manifiestamente supracomunitarios".

Apoyado en dichas sentencias, el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, a través del cual la Junta pretendía asumir las competencias de gestión del Guadalquivir. Esa pretensión, apoyada por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, era la iniciativa más "simbólica" y sonada del Estatuto y se había soportado sobre unos cimientos "sentimentales": el Guadalquivir es andaluz y debe ser gobernado por los andaluces.

Esos cimientos se han demostrado de barro con el fallo del Alto Tribunal, el cual ha mostrado la frágil consistencia jurídica de esta iniciativa y ha puesto en evidencia, de paso, el papel del Consejo Consultivo de Andalucía. No queda, pues, otro camino que deshacer el camino andado y cumplir con la sentencia que es muy clara y concisa: "El traspaso del Guadalquivir andaluz es inconstitucional y nulo en lo sustancial y en lo formal".

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado que hay margen de actuación para que Andalucía siga decidiendo en el Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que efectivamente hay margen de actuación para que la Junta de Andalucía intervenga en las decisiones sobre el Guadalquivir, pero ese margen de actuación no tiene nada que ver con la "fina ingeniería jurídica" en la que intuimos está trabajando el Gobierno andaluz, sino con el espacio de influencia y decisión que la Junta de Andalucía ya tenía en el modelo anterior. Porque no es cierto que antes sólo "mandara" el Estado. En la práctica lo que existía era un modelo de cogestión, y de hecho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir venía siendo nombrado desde 2004 por el Estado a propuesta de la Junta de Andalucía, y desde luego no había ninguna decisión importante que se tomara sin el consenso del Gobierno andaluz.

Por ello, en Feragua apostamos por lo que entendemos es la única salida posible a la sentencia del Constitucional, que es el retorno de las competencias del río a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la implantación de un modelo de gestión con participación de las dos administraciones: regional y estatal. Apostamos en suma por el retorno al espíritu del "Acuerdo Andaluz por el Agua de la Cuenca del Guadalquivir" firmado en 1995 con la Administración central y autonómica como grandes gestores de dicho pacto, que sentaba las bases de la colaboración entre administraciones central, autonómica y local y que fue apoyado por la mayoría de los agentes socio-económicos.

Ese acuerdo, que supuestamente iba a inspirar toda legislación en materia hidráulica que afectara a la Cuenca, fue desvirtuado por las fuerzas políticas que pactaron en el Estatuto la transferencia del Guadalquivir. Y fue desvirtuado igualmente por el Gobierno andaluz en la Ley de Aguas de Andalucía y en el modelo de administración hidráulica que creó tras recibir las competencias de la Cuenca del Guadalquivir, un modelo que, con su organización provincial, hacía trizas el principio de unidad de cuenca al fragmentarlo internamente con fronteras políticas.

Es necesario, pues, retornar a ese espíritu de consenso y entendimiento que hizo posible el Acuerdo Andaluz por el Agua de la Cuenca del Guadalquivir. Y es preciso además lograr un gran pacto nacional sobre política de agua que, cumpliendo lo fijado por el Tribunal Constitucional, permita satisfacer el papel de las comunidades autónomas al objeto de compatibilizar sus intereses en el desarrollo regional.

Devolver a la Confederación las competencias del Guadalquivir es toda la fina ingeniería jurídica que necesita nuestra Cuenca, porque la fina ingeniería no es la que crea problemas, sino las que los resuelve.