Editorial

Hacer realidad la Ley de Dependencia

EN el paquete de medidas aprobado el viernes por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis económica se incluyó, además de la inversión-estrella de 8.000 millones de euros para obras municipales que reactiven la economía y creen empleo, una partida de 400 millones de euros que serán transferidos a las comunidades autónomas para mejorar la financiación de la Ley de Dependencia. Probablemente sea insuficiente, pero viene a aliviar una situación que se estaba volviendo insostenible. Por un cálculo erróneo en el libro blanco que sirvió de base estadística para la ley o por el hábito reiterado de generar nuevos derechos sociales sin el aporte financiero que hagan posible su ejercicio, el caso es que la aplicación de la norma que iba a dar respuesta a un problema social muy grave -el de las personas dependientes y sus familiares- está siendo muy deficiente. En Andalucía, por ejemplo, se le ha reconocido el derecho a una prestación a 116.000 personas, pero solamente la están recibiendo en estos momentos 83.000, y ello a pesar de que precisamente nuestra Comunidad Autónoma es de las que mayor energía están dándole a la Ley de Dependencia. La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta, Micalea Navarro, ya advirtió al término del último consejo de gobierno que era obvio que se necesitaba más dinero. También denunció la contradicción que se está produciendo: al depender la financiación que se recibe en las comunidades no sólo del número de prestaciones reconocidas a los ciudadanos, sino también de factores objetivos como la superficie, la población anciana o la dispersión geográfica, ocurre que hay autonomías que se benefician de aportaciones financieras del Estado de cuantía semejante a la de Andalucía, a pesar de que no aplican con diligencia y amplitud la ley. Haría falta, pues, no solamente agilizar la llegada de los nuevos fondos acordados por el Gobierno, sino negociar entre el Estado y las comunidades unos criterios más justos, que favorezcan a los gobiernos regionales que hacen sus deberes. La Ley de Dependencia, que puede ser un nuevo pilar del Estado del Bienestar, debe ser cuidada y puesta en práctica con suficiencia y equidad.

Etiquetas

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios