EL coronel sí tiene quien le escriba. Juan Roldán Fuentes, a la sazón coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, reivindica demoler todas las construcciones ilegales en el paraje Las Minas, de Castilblanco de los Arroyos. Uno de los fenómenos más flagrantes en Andalucía de ocupación de un espacio natural de dominio público por parte de los lugareños, con la connivencia del vecino que es concejal o alcalde. Juan Roldán aboga "por restituir lo que un día se le quitó al medio ambiente". Sí, coronel, le escribo para darle la razón. Bien sabe usted cómo realizar esa restitución. Basta con cumplir las sentencias judiciales que ordenan derribar las casas y destruir las piscinas. Enviando a la Guardia Civil por delante para disolver cualquier asomo de insumisión. Pero los dirigentes políticos que influyen en las instituciones no tienen bemoles democráticos de malquistarse con la mayoría de la población, aunque sea para garantizar la igualdad de todos ante la ley y ante los jueces. Son cómplices, por inacción, de la pillería. Callan y otorgan. Ni utilizan a la Benemérita para imponer la fuerza de la razón.

Hoy, en la provincia de Sevilla, el mejor amigo de árboles, linces, acuíferos y colinas es el Seprona. Sus agentes instruyen todo tipo de diligencias contra la amplia gama de furtivos: cazadores insaciables; empresas que vierten a los ríos; constructores de pozos ilegales; automovilistas que atropellan a la fauna con velocidad disparatada por caminos protegidos; artífices de edificaciones sancionables; usurpadores de las cañadas para malmeter esos terrenos en fincas, y los clásicos pirómanos con fundamento o venganza. El esfuerzo de los guardias civiles por documentar las infracciones no tiene correlato de firmeza desde el poder, enredado en el marasmo del compadreo y la vista gorda. Llegará el día en que los ecologistas se encadenen ante las casas cuartel para defender a sus habitantes como si fueran los pinsapos de un bosque amenazado.