LA Constitución de 1978 labró el marco fijo de madera de un Estado cuyo contenido -el lienzo de la nueva España- se viene transformando desde entonces. Lejos de ser fija, nuestra Carta Magna ha sido una pintura en constante mutación, donde las inciertas comunidades autónomas de entonces rivalizan ahora con el Gobierno central por ocupar el primer plano de la escena y en el que los pueblos de la España rural se transformaron en cuidades, aunque siguen al fondo de la composición. Son -se ha repetido varias veces- los hermanos pobres de la democracia española, lo que no deja de ser paradójico en un país donde las ciudades abanderaron la liberación de los señores medievales colocándose bajo la protección de los reyes. De los seis alcaldes andaluces que el Foro Joly concitó para abordar el problema de financiación de los ayuntamientos, todos sin excepción, coincidieron en dos puntos básicos. Y hubo dos del PP (los de Huelva y Málaga); tres del PSOE (los Sevilla, Algeciras y Jerez), más uno de IU (la de Córdoba). Dos reivindicaciones. La primera es lo que los municipios llaman "deuda histórica". Es decir, un plan de choque urgente, que les saque de una crisis financiera agravada ahora por la caída del sector de la construcción. Dos Hermanas, por ejemplo, ha sufrido este año un descenso de hasta el 65% en sus impuestos a la construcción. Mantienen esto alcaldes que ellos gastan un dinero en competencias que no son suyas, en especial las de materia social. Y es cierto, quizás no debieron hacerlo, pero cuando le vecino tiene un problema, no llama a la puerta del consejero o ministro del ramo, sino al concejal, que sabe donde vive, es mucho mas accesible y casi le habla de tú a tú. Es lo que llaman el principio de subsidiaredad: que hay competencias que resuleven mejor aquéllos que estén más cerca del administrado. La Federación Española de Municipios y Provincias calcula etas prestaciones en 7.000 millones de euros, un 35 por ciento de los presupuestos municipales. El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, fue el más claro: necesitamos más dinero.

Segundo asunto: la cesión de otras competencias a los ayuntamientos en lo que supondría una recoposición del mapa del Estado, aunque los alcaldes lo expresan bien: si no hay fondos para tales responsabilidades, nada. Rosa Aguilar, la mayor defensora del denominado Pacto Local, lo considera como un reposicionamiento de los ayuntamientos en el Estado: situarse en esa pintura de España no como hermanos pobres, sino como iguales. Los alcaldes consideran que ese Pacto Local no puede retrasarse por la crisis ni por las negociaciones sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Debe ser una "negociación simultánea" que conduzca a la suficiencia financiera de los municipios. "En 29 años de democracia local no hemos avanzado nada, hemos empeorado", llegó a decir la alcaldesa de Córdoba. Aguilar calificó el sistema actual de financiación de insuficuiente e injusto.

Los alcaldes, en especial, los del PP subrayan que los fondos que faltan deben venir de una administración: las comunidades autónomas, a los que ellos consideran los hermanos ricos del Estado. El Gobierno - ya lo ha advertido Solbes- no dará más fondos a los municipios del fondo estatal, la mejora de su situación financiera vendrá de una participación en el IRPF en el mejor de los casos. Producida una bonificación de uno o dos puntos, el alcalde que necesite mejorar la recaudación, que se la cobre a sus vecinos.

Y es que los ayuntamientos, ciertamente, son los olvidados, pero también debe asumir las responsabilidades, porque pobres son, aunque un policía municipal cobre mucho más que un nacional.