editorial

IU, entre el discurso y la práctica

LA juez que instruye el caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha decidido imputar en una de las piezas de este sumario judicial -origen de una supuesta red de corrupción que incluye toda una serie de presuntos delitos que van desde el supuesto soborno a las irregularidades relativas a los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía- al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y líder local de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. La noticia se produce a menos de 50 días para la cita electoral, a la que Torrijos concurre como cabeza de lista de la federación de izquierdas a la Alcaldía y, paradójicamente, al mismo tiempo que esta fuerza política proclama su compromiso de no llevar como cartel electoral a dirigentes que se vean implicados en casos de corrupción urbanística. Respetando la lógica presunción de inocencia, que asiste al candidato de IU de idéntica manera que al resto de imputados en esta causa, parece evidente que en este caso nos encontramos ante una incoherencia. El dirigente de IU hizo pública ayer su decisión de seguir encabezando la lista electoral de la federación de izquierdas. Torrijos alega no tener conocimiento oficial del auto judicial en el que se le asigna la condición de imputado (una garantía jurídica que, al mismo tiempo, se ha convertido en una especie de acusación formal previa) y defiende su completa inocencia. Está en su derecho. Jurídicamente nadie puede obligarle ni a dejar sus actuales cargos en el gobierno local ni a renunciar a concurrir a las urnas. Políticamente, sin embargo, su postura supone una contradicción evidente con el discurso que su propia fuerza política defiende ante los ciudadanos. Torrijos se convierte así en una excepción a la doctrina general de la coalición de izquierdas. La justicia será la que tendrá que dirimir el grado de responsabilidad final del principal cargo público de la coalición en Andalucía, tras el alcalde de Córdoba, en la singular operación de venta de los suelos de una empresa pública. Políticamente, su permanencia rompe el discurso oficial de su partido. Una contradicción manifiesta y, sobre todo, incómoda.

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