TRAS el punto de inflexión que significó el caso Mari Luz, que puso trágicamente de manifiesto las múltiples carencias de la Justicia en España, y en Sevilla en particular, el juez decano de los magistrados sevillanos, Federico Jiménez Ballester, prepara una ambiciosa propuesta para reorganizar el trabajo de los tribunales provinciales que, en líneas generales, busca acercar esta institución, clave para la democracia, a las necesidades reales de los ciudadanos del siglo XXI. El proyecto, todavía en fase embrionaria, consiste en agrupar en una instancia única a los distintos tribunales de una misma jurisdicción. Inspirada en el modelo francés, la idea que apadrina el representante profesional de los jueces de Sevilla permitiría crear tribunales únicos en las distintas instancias existentes (social, penal, civil, contencioso-administrativa) a los que pertenecerían todos los jueces ahora adscritos a los llamados juzgados unipersonales. De esta forma, según el planteamiento de Jiménez Ballester, el ejercicio de los procedimientos judiciales mejoraría y podría ser controlado por el presidente del órgano judicial correspondiente y el propio decanato de los jueces, al tiempo que se unificaría el tiempo de respuesta de los distintos juzgados (evitando la suspensión de vistas por enfermedad del titular de un juzgado) o se reduciría al mínimo la interinidad. Con todas las cautelas y salvedades lógicas (se trata de una propuesta a discutir con el resto de decanos y, en su caso, que debe estudiar el Consejo General del Poder Judicial), parece evidente que lo que la sociedad demanda es una Justicia eficaz, que trabaje de forma coordinada (en red) y con cierta unidad de criterio en los temas esenciales presentados a su consideración. Si la reorganización que se defiende desde Sevilla logra estos objetivos, al tiempo que permite mejorar el día a día de los magistrados con procedimientos para que trabajen en equipo, bienvenida sea. Sevilla, que ha sido ejemplo con el caso Mari Luz de una Justicia lenta, autista e incomprensible, puede y debe liderar los cambios necesarios para que la clásica y ajada figura del juez decimonónico, tan omnipotente como saturado de trabajo,vaya dando paso a órganos colegiales sólidos, coherentes y, sobre todo, más eficaces.