La tribuna

juan Luis M. Retamino

Igualdad en el delito

HAY muchos imputados en diversos delitos con gran proyección mediática que quieren exculparse -como si lo que dicen que han cometido no fuera delito- sobre la base de que lo que ellos han hecho también lo llevan a cabo otras personas. Como si eso fuera una excusa o consuelo. Es muy recurrente entonces sostener aquello de que un millón de moscas no puede equivocarse… Y no es que me refiera a los Bárcenas, Monederos, Correas o gente de los ERE.

Tal conducta procesal no es propia sólo de quienes son actores de la vida política, social o económica, sino que por lo común suelen adoptarla también muchos ciudadanos anónimos que se ven sometidos a un proceso penal. Esto ocurre sobre todo, pero no sólo, en los delitos contra la ordenación del territorio. Quienes se sientan en el banquillo suelen afirmar que lo que ellos han hecho, esto es, llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección, ya lo han hecho otros muchos, antes, y no por eso han sido condenados.

Y frente a esos alegatos siempre los tribunales de Justicia contestan lo mismo: en primer lugar, que de un acto contrario a derecho, nunca puede nacer un derecho; y en segundo lugar, que la igualdad en la ilegalidad carece de cobertura constitucional (SSTC 14/02/1992 y 19/05/2003 entre otras muchas). Es decir, en la ilegalidad no cabe hablar de respeto al principio de igualdad. Lo que significa que la impunidad no tiene por qué llevar unida la de otras personas contra quienes sí se dirija un proceso.

Tengo la sensación de que el presidente del Barça parece buscar la igualdad en la ilegalidad cuando ha dicho, como imputado ante un Juzgado de la Audiencia Nacional, en relación al fichaje de Neymar que es "un caso parecido" al de David Beckham, ex jugador del Real Madrid, "que tenía contratos de imagen con los que ganaba más que jugando al fútbol". Sin prejuzgar si transgreden o no el ordenamiento jurídico el contrato de Neymar, y en su día el de Beckham, la alusión a un antecedente no convierte per se lo ilegal en legal. Bartomeu, que primero quiso justificar la querella que le interpusieron como movimiento del nacionalismo español más rancio contra el catalanismo, pero que ni siquiera sus propios vicepresidentes sostuvieron tan peregrina afirmación; en vista de lo cual ahora dice que ese tipo de contratos lo han hecho otros antes que él, y por tanto él también podía hacerlo.

Otro caso parecido ha ocurrido en Algeciras. Un Juzgado de lo Penal ha condenado a la alcaldesa de San Martín del Tesorillo (Cádiz), Belén Jarillo (PP), a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por un delito de prevaricación continuada en materia de urbanismo. La señora Jarillo ha dicho que "todo el municipio de Jimena de la Frontera tiene licencias ilegales. No hay más que recordar que el caso Malaya tuvo eco en Jimena". Como si el hecho de que todo el mundo haya conseguido licencias ilegales convirtiera la concesión que ella hizo, aunque sea una sola vez, de una licencia contraria a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes a sabiendas de que no podía hacerlo, en acto administrativo legal.

Pero existen más ejemplos. En la operación EDU (cursos de formación, que por lo que se está conociendo ni eran cursos ni eran de formación) se ha publicado en todos los medios de comunicación las declaraciones que algunos imputados han hecho a la policía: "Si yo no lo cogía, lo iba a coger otro: el dinero estaba ahí". "Por lo visto es algo que hace todo el mundo desde hace años y que no merece mayor castigo ni todo lo que se está formando".

Es decir, como lo hace todo el mundo, no se debe castigar. Sin embargo, la igualdad en lo delictivo nunca debe llevar a la impunidad de las conductas ilegales detectadas. El principio de igualdad ante la Ley no da cobertura a un imposible derecho a la ilegalidad.

En todo caso resulta lamentable que exista en muchos ámbitos sociales todavía, el convencimiento de que se puede delinquir porque lo hacen otros también. Se admite que no se debe robar, pero si te llevas algo de unos grandes almacenes sin ser descubierto no pasa nada porque ya lo hizo otro antes. De lo que se trata es de no cometer la infracción, la cometan o no otras personas.

Pero la solución no es la aplicación rígida del derecho penal como primera ratio sino como última siempre. Y queda todavía, un largo camino de educación cívica que recorrer. Invertir más en educación y no será necesario gastar tanto en represión.

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