LA Consejería de Educación tiene en su organigrama una Dirección General de Planificación que no hace honor a su nombre , a tenor de sus actuaciones y de la definición que del término planificación hace el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: "Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado...". Si por planificar se entiende actuar de forma metódica y organizada conforme a un plan previo, ¿cómo cabe calificar la gestión de esta dirección general cuando al final del primer trimestre del curso todavía ocho nuevos centros educativos de Sevilla carecen de fondos para comprar el material didáctico? Son los padres de los alumnos y los profesores quienes vienen desembolsando el dinero para poder comprar desde los folios hasta el papel higiénico. Los burócratas del Gobierno andaluz se escudan en que como la Consejería de Economía y Hacienda es el único departamento de la Junta que puede autorizar los libramientos de dinero, no les ha dado tiempo a abrir una cuenta corriente a nombre de cada colegio afectado para que se les ingresen las partidas correspondientes de los habituales gastos de funcionamiento. Y como las cosas de palacio van despacio, la previsión oficial es que a finales de enero de 2009 ya haya fondos en las cuentas. Así pues, dado que el curso comenzó a mediados de septiembre, habrán transcurrido para entonces cuatro meses y medio. Es decir, que aun siendo teóricamente mucho más difícil cuadrar el denominado sudoku autonómico, probablemente se cerrará el acuerdo estatal sobre financiación y el de la Deuda Histórica antes de que la Junta salde sus deudas con los padres de los alumnos de estos ocho colegios. Gobernar es prever, anticiparse a las necesidades y a los problemas, y en este sentido el curso escolar es de lo más previsible: suele comenzar a mediados de septiembre, luego la Dirección General de Planificación debería haber realizado los trámites burocráticos con la antelación suficiente para dotar de medios a los colegios sevillanos en tiempo y forma. Cuando los padres deben suplir de su bolsillo estas imprevisiones se demuestra que no es la Junta la que está al servicio de los ciudadanos, sino los ciudadanos los que acaban al servicio de la Junta.