Joaquín Aurioles

Impuestos y gasto público

Es deseable un mayor rigor en los mensajes electorales, pero sobre todo urge una distribución más justa de la carga fiscal entre rentas de trabajo, rentas del capital y beneficios empresariales

SE descontroló el déficit en 2015 y en lo que va de 2016 anda todavía peor, especialmente en lo que concierne a la administración central (las autonómicas han reducido el suyo en casi una cuarta parte). Además, sigue aumentando la desigualdad a mayor ritmo que en ningún otro país de la OCDE, donde ya era una de las más elevadas, lo que significa que los mecanismos que deben favorecer una redistribución más equitativa del bienestar e impedir que las dificultades pasen de largo ante los más poderosos y se ceben con los más necesitados están fracasando estrepitosamente.

Frente a problemas que están definidos con notable claridad, los diferentes partidos contendientes en la consulta del próximo día 26 proponen soluciones dispares e incluso contradictorias, recurriendo a argumentos lo suficientemente oscuros como para forzar al votante a elegir según sus preferencias ideológicas, en lugar de recurrir a la razón. Mientras que unas opciones defienden la bajada de impuestos y la contención del gasto público, otras prometen exactamente lo contrario. Las primeras esgrimen razones de prudencia financiera, de riesgo de fuga de rentas y capitales o de estímulo al consumo y a la actividad productiva ("el dinero público debe estar en el bolsillo de los ciudadanos"), mientras que las segundas prometen aumentar la presión fiscal sobre los ricos, ignorando la cada vez mayor acumulación de evidencias sobre el reducido potencial redistributivo de los impuestos, incluidos aquellos que gravan las rentas con tarifas progresivas.

Según Eurostat, la presión fiscal en España fue del 34,4% en 2014 (33,2%, según la OCDE), que son 5,6 puntos menos que la media de la UE. Esta diferencia y la necesidad de compensar la caída de la recaudación por la crisis para corregir el déficit y mantener el estado del bienestar, han sido las principales excusas políticas para las subidas de impuestos desde 2008. En 2007, justo antes de la crisis, la presión fiscal española era del 38%, lo que quiere decir que efectivamente ha sido la crisis y su impacto sobre la renta, los beneficios y el consumo el factor determinante de la caída en la recaudación. España estaba, y sigue estando, en una posición intermedia entre los socios de las ampliaciones posteriores a 2004 y los del centro y norte de Europa, de manera que es posible apreciar una sólida relación entre el nivel de la presión fiscal y el tamaño del estado del bienestar. Según este razonamiento, el deterioro de los servicios públicos en España desde el comienzo de la crisis sería el reflejo en el bienestar de la caída de ingresos y del aumento de los costes financieros derivados del endeudamiento, como consecuencia de lo cual se ha producido un aumento desorbitado de la desigualdad.

Estas ideas están recogidas en un informe reciente de la de la Fundación Foessa (¿Afectan los impuestos a la distribución de la renta?), en el que también se apunta que el efecto redistributivo del sistema fiscal español a través del IRPF y las cotizaciones sociales es reducido, a pesar de que la progresividad de la tarifa del impuesto en España es considerablemente elevada. La aparente contradicción se explica porque las cotizaciones sociales tienen un efecto redistributivo muy pequeño y porque el tipo medio impositivo que finalmente se paga resulta muy reducido, debido al fraude y a las posibilidades que ofrece el sistema fiscal español para eludir la presión del fisco. Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) estima la potencia redistributiva del IRPF en el 7,4%, aunque la regresividad de los otros impuestos determina que la contribución del conjunto del sistema fiscal a una distribución más equitativa de la renta queda limitada al 2,8%, algo que parece insuficiente si se compara con la potencia de las transferencias sociales, que se estima superior al 30%.

En el citado informe de Foessa se encuentran los fundamentos que llevan a la afirmación de que el efecto redistributivo del gasto público, vía transferencias de renta (pensiones, becas, …) y pagos en especie (vivienda, educación, farmacia, …) es considerablemente mayor que el de los impuestos. Sería deseable un mayor rigor en los mensajes al electorado sobre subidas y bajadas de impuestos y su contribución a una sociedad más justa, pero sobre todo convendría hacer hincapié en la tarea, pendiente desde los inicios de la reforma fiscal de Fernández Ordóñez, de una distribución más justa de la carga fiscal entre rentas de trabajo, actualmente sobrecargadas, y rentas de capital y beneficios empresariales.

Lo recomendable sería, por tanto, perseguir los objetivos de redistribución de renta mediante políticas de gasto público con fines sociales y dirigir los esfuerzos tributarios a la corrección de déficit, teniendo en cuenta que el margen para reducir la presión fiscal es muy reducido. Por otro lado, y teniendo en cuenta que la experiencia enseña que al final la mayor parte de la carga siempre termina cayendo en clases medias y rentas de trabajo, tampoco parece recomendable una subida indiscriminada de impuestos. Algunos cambios normativos que corrijan privilegios, concienciación social contra el fraude y mejora de los recursos de la administración tributaria son algunas de las recomendaciones de los inspectores de hacienda en su informe Reforma fiscal rspañola y agujeros negros del fraude para mejorar la recaudación, sin aumentar la presión sobre las rentas del trabajo.

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