la tribuna económica

Joaquín / Aurioles

Incentivos

SE podrían definir como la recompensa o premio a un determinado comportamiento. Las empresas lo utilizan para mejorar el rendimiento o la productividad de sus trabajadores y los políticos para movilizar energías que necesitan de algún tipo de impulso para ponerse en marcha o para desarrollar plenamente su potencial. Cada comunidad tiene su particular programa de ayudas, precisamente uno de los más seriamente amenazados por la dieta de adelgazamiento presupuestario anunciada por el Gobierno, aunque mi impresión es que la ciudadanía, lejos de lamentar el posible desamparo de los emprendedores, recibe la noticia con cierta satisfacción.

La Junta de Andalucía lo gestiona a través de IDEA, aunque lo normal es que cada Consejería disponga de algún instrumento de estas características para conceder ayudas y subvenciones que siempre benefician al que las recibe y satisfacen al que las otorga, aunque a veces resulten injustificables desde un punto de vista económico e incluso social. Ocurre, por ejemplo, que una empresa subvencionada puede fijar precios artificialmente reducidos, en perjuicio de otras empresas no subvencionadas. Estaríamos ante un fallo de mercado, desgraciadamente frecuente en las relaciones entre sector público y privado. Un caso extremo, pero tampoco demasiado extraño, es el de importantes subvenciones a proyectos empresariales cuya viabilidad está condicionada a la recepción de ayudas púbicas previamente negociadas. Una de las más importantes concedidas por la agencia IDEA durante 2010 fue una subvención de algo más de 20 millones de euros para el establecimiento en la Bahía de Algeciras de una empresa de servicios al transporte marítimo que, según las noticias aparecidas en prensa, planea invertir algo menos de 50 millones de euros en la zona. Seguramente un proyecto empresarial inviable sin la ayuda de la Junta, además de tratarse de una actividad que no se ajusta a las prioridades de apoyo a la innovación y a la sociedad del conocimiento establecidas por la propia agencia, pero que se explica por el acuerdo alcanzado por las partes implicadas y los sindicatos para la contratación de una parte de los 97 trabajadores afectados por el cierre de otra empresa local importante.

Al margen de los detalles del proyecto, que desconozco, y del indudable trasfondo social del caso, es significativo que, incluso en el supuesto de que se termine contratando a la totalidad de los trabajadores afectados, la subvención permitiría a la empresa pagar las nóminas de todos ellos durante al menos cinco años. Aparentemente un coste excesivo que con toda seguridad estará acompañado de un firme compromiso de mantenimiento de la actividad y de desarrollo por parte de la empresa. Lo más probable, de todas formas, es que para cualquier parado o contribuyente amenazado con subida de impuestos, la valoración de este tipo de operaciones sea muy diferente a la de los administradores públicos, aunque sea por aquello que sugieren los modelos de agencia sobre los incentivos perversos de los representantes políticos, que les llevan a defender intereses no siempre coincidentes con los de sus representados.

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