CONFORME se van conociendo circunstancias y detalles de la muerte de Mari Luz Cortés se perfila un sombrío agujero negro en nuestro sistema penal y policial. Su carácter garantista y favorecedor de la reinserción de los delincuentes no puede eludir otro requisito básico: también ha de ser punitivo, ha de castigar a los culpables, ha de defender a las víctimas.

Si ponemos todo el énfasis en la rehabilitación y ninguno en la sanción, el resultado previsible será el desarme de la sociedad y el abandono de los indefensos. La compasión por quien ha delinquido tiene que ser compatible con la protección a quien ha padecido sus crímenes y con una evidencia que a menudo se nos resiste: hay delincuentes no rehabilitables, individuos de maldad palmaria e intrínseca, bestias con o sin conciencia del mal que causan y que no merecen estar sueltos (violadores, pederastas, asesinos múltiples).

Suelto andaba Santiago del Valle, el responsable de la muerte de Mari Luz (dejemos la calificación penal exacta de los hechos para la Justicia, como ha propugnado con admirable entereza el padre de la niña). A pesar de sus numerosos antecedentes, a pesar de su condena por haber abusado de su propia hija y haber falseado un centificado médico para culpar del abuso a un profesor, a pesar de haber perdido por ello la patria potestad sobre sus hijas, a pesar de habérsele dictado una orden de alejamiento por acosar a una menor en Gijón... No es una persona para estar en la calle.

Hay fallos por todas partes. Es un tremendo fallo que no se llegara a ejecutar la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla por el abuso a su hija porque, como cambiaba constantemente de domicilio, ¡no se le pudo notificar! ¿Cómo es que el Estado omnipresente del siglo XXI que invade la intimidad de los ciudadanos y lo controla todo se muestra incapaz de meter en la cárcel a un asocial? Y más tremenda aún es la falta de coordinación de los aparatos del Estado: si sospecharon de él desde el principio, registraron su casa y le interrogaron, ¿a nadie se le ocurrió teclear su nombre y apellidos en algún ordenador para enterarse de que había que comunicarle la sentencia citada y hacérsela cumplir? Nos cuentan que Santiago del Valle y su mujer-cómplice se disponían a abandonar España y ya tenían los pasaportes en regla. ¿Tampoco se controla desde Interior y Justicia a quién se le da el pasaporte?

Son cosas increíbles, pero han pasado. El problema de las penas y la reinserción se debe debatir en profundidad, y mejor en frío, pero este caso va aún más allá: cuestiona el funcionamiento de un Estado que por dejadez, incompetencia o rutina desampara a los indefensos.

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