MIENTRAS se entretiene a la gente con la aplicación de beneficios penitenciarios a los terroristas condenados, el Gobierno actual y el anterior han empatado en la concesión de indultos polémicos a otros condenados más poderosos.

El Gobierno Zapatero se despidió otorgando el indulto a un banquero, del Santander, sentenciado por una turbia maniobra contra empresarios deudores. Lo hizo, como digo, un instante antes de abandonar La Moncloa y cuando ya estaba instalada en la opinión pública la idea de que el sector financiero se había ido de rositas por su responsabilidad en el estallido y extensión de la crisis económica.

El Gobierno Rajoy ha indultado ahora a un alto cargo de la Generalitat en la época de Pujol y a un empresario catalán, condenados en 2009 por prevaricación y malversación de fondos públicos. La Audiencia de Barcelona, que los había juzgado, y el fiscal que llevó la acusación pública se pronunciaron en contra del indulto, pero el Ejecutivo ha reducido las penas de ambos (al ex alto cargo, secretario general de Trabajo, se le impusieron cuatro años y medio de cárcel) a sendas multas de 3.650 euros.

Los hechos probados sobre los que ha actuado el perdón del Consejo de Ministros del PP constituyen una corruptela menor y desdichadamente frecuente: el secretario general de Trabajo catalán encargó al empresario la elaboración de ocho estudios de Derecho Laboral que no tenían ninguna utilidad y eran burdas copias de publicaciones anteriores, sin autores ni bibliografía. Esos encargos que se hacen con la única y exclusiva finalidad de beneficiar a los amigos y/o compañeros de partido con dinero público. Concretamente, con 46.000 euros.

La Audiencia de Barcelona no consideró demostrada la sospecha de que esta actividad era en realidad un mecanismo para financiar -pero poco, según se ve por la cantidad- al partido en el que el pagador y el cobrador militaban. Casualmente se trata del pequeño partido democristiano Uniò Democrática de Catalunya, el aliado de Pujol en el próspero nacionalismo catalán. Es, también casualmente, el partido que presidía, y preside, Josep Antoni Duran Lleida, el mejor orador del Congreso de los Diputados y uno de los más fieles aliados del PP de Rajoy, tanto en el Parlamento de España como en el Parlamento de Cataluña. Todos contentos, pues.

El indulto es una facultad discrecional del Gobierno. Puede concederlo total o parcialmente a un preso o denegárselo. Estos del banquero indultado por Zapatero y el alto cargo catalanista indultado por Rajoy mandan el mensaje inequívoco de que la ley no es igual para todos y de que la corrupción no siempre se castiga.