EL dato adelantado de inflación hecho público esta semana por Eurostat es pésimo. Una tasa del 4,6% para la economía española y del 3,5 para la Eurozona es sensiblemente superior a la tasa asociada a un ritmo de crecimiento en torno al 2,5%, que mediría, fundamentalmente, la diferencia provocada por ineficiencias debidas a falta de competitividad en los mercados y por un sesgo expansivo en la política monetaria. El dato es el peor registrado desde 1997, cuando comenzó la serie armonizada para toda la zona y desde 1995 para la economía española.

Esa tasa se sitúa, como media, en el 2,5% en la Eurozona y se corresponde con una tasa de crecimiento no aceleradora de la inflación del mismo nivel. Sin embargo, el dato de inflación se produce en un entorno de expectativas negativas. Los datos de optimismo económico de los agentes en Francia y Alemania, también publicado estos días, van a resultar flor de unas semanas. Los próximos que se publiquen correspondientes al mes de marzo van a recoger, con seguridad, la sensación de crisis financiera generalizada que se vive en EEUU y que se está trasladando a la UE. En España, la revisión a la baja del optimismo se ha convertido ya en pesimismo.

Con este panorama, el BCE se enfrenta a un dilema creciente: reducir el crecimiento de los recursos líquidos para no financiar la subida de precios frente a la necesidad de satisfacer las demandas de liquidez por parte del sistema financiero. De las declaraciones realizadas por Trichet esta semana se desprende un optimismo que posiblemente también las próximas semanas se van a encargar de desmontar: a la afirmación de que el crédito al sector privado ha crecido durante el mes de febrero se le puede dar la vuelta si se descuentan los datos referentes a Alemania.

El dilema, en todo caso, despeja cualquier posibilidad de que la autoridad monetaria europea decida rebajar los tipos en el futuro a corto plazo. La tasa de inflación de la zona se encuentra 1,5 puntos por encima del límite máximo que el banco tiene fijado estatutariamente. Para añadir fuego a las expectativas, la opinión cada vez más generalizada es la de que las elevaciones en los precios del petróleo, materias primas y alimentos básicos han venido para quedarse. En consecuencia, la tradicional diferencia entre la tasa de inflación real y la subyacente se está desdibujando porque la volatilidad pone de manifiesto una elevación sistemática de aquellas partidas.

En España, la tarea más inmediata no es sólo activar medidas fiscales para colocar un paracaídas a la caída de la tasa de crecimiento del PIB. Se trata también de que las negociaciones salariales que se lleven a cabo tengan en cuenta que, nos guste o no, se está produciendo una transferencia masiva de renta hacia los países productores de petróleo, materias primas y alimentos. Esta reducción en la renta real hay que aceptarla. Ninguna política monetaria es capaz de devolvernos esa pérdida en el corto plazo. Si los agentes y gobiernos centrales y autonómicos lo ignoran tardaremos más tiempo, y no menos, en restablecer una tasa de crecimiento sostenible.