EL presidente de la Junta, José Antonio Griñán, alertó ayer, horas antes de que se produjera, del agravio que iban a sufrir las comunidades autónomas a la hora de concretar y aplicar la reducción del déficit público a la que se ha comprometido el Gobierno de la nación.

No le sirvió de mucho, claro, porque Rajoy ya había avisado de que sería inflexible y Cospedal pastoreó a las comunidades gobernadas por el PP, que son casi todas, para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reunió por la tarde, avalara la estricta sumisión a los criterios gubernamentales. Andalucía se quedó sola en su oposición a estos planteamientos enormemente mayoritarios, absteniéndose Cataluña y Canarias.

Sin embargo, lo que los socialistas andaluces defienden es razonable. Aplauden la decisión del Gobierno de flexibilizar el compromiso de control del déficit -con advertencia de sanciones por parte de las autoridades europeas-, fijándolo en el 5,8% del Producto Interior Bruto en el año 2012, en vez del 4,4% inicial, más acorde con las abultadas cifras de las que se parte y, sobre todo, con la recesión de la economía española que impide aumentar los ingresos. Se considera que la credibilidad española, ante la UE y ante los mercados, queda garantizada con este tope y, sobre todo, manteniendo el 3% para 2013. Pero discrepan sobre el reparto de los sacrificios.

¿Cuáles son esos discutibles criterios de reparto? Como ha escrito Vidal-Folch, el sacrificio exigido a las autonomías es varias veces superior al de la Administración central que, además, es la que ha incurrido en la parte del león del déficit total. Se argumenta que las comunidades autónomas han despilfarrado mucho, pero este mal ha afectado también al Estado durante los años de la euforia. Se dice, igualmente, que las comunidades están siendo socorridas por el Estado a través del aplazamiento hasta diez años de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas y del flamante programa de crédito para pagar a los proveedores autonómicos y municipales.

Son argumentos insuficientes. Primero, por el citado desequilibrio entre el ajuste que se autoimpone el Gobierno central y el que se impone a las comunidades autónomas. Y segundo, por un detalle fundamental: el 75% del gasto de las autonomías no va a ningún frívolo despilfarro, sino a sufragar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Tres partidas que son poco elásticas... salvo que los 15.000 millones de euros que se pretende ahorrar se logren a costa de recortarlas, es decir, de reducir estas prestaciones básicas y perjudicar el bienestar de los ciudadanos. Ahí es donde está el peligro de la decisión que el Gobierno y su mayoría adoptaron en el Consejo de ayer. No puedo estar más de acuerdo con Griñán.