SI el deseo expresado por la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, de castigar con tres años de suspensión al juez Rafael Tirado se hace realidad y el CGPJ cambia de opinión y canjea los 1.500 euros de multa por la sanción que ha marcado el Gobierno será para preocuparse. No porque el juez no merezca un castigo más severo que la pedrea que le cayó en primer instancia, sino porque tendríamos un indicio de la influencia que tiene el Ejecutivo sobre un compartimento en apariencia estanco, el poder Judicial renovado. Llama la atención la seguridad con que Fernández de la Vega fijó los tres años para Tirado en la entrevista publicada el domingo por El País, como si fuera un acuerdo tan firme como un decreto ley. Una decisión que el Gobierno ha derivado hacia al CGPJ a través del recurso de la Fiscalía: tres años.

Para que no quede duda sobre cuál sería el camino más aparente para permutar la infracción, la vicepresidenta ha sugerido que espera que los nuevos miembros del CGPJ (elegidos merced a un acuerdo entre los dos principales partidos, PSOE y PP) admitan el recurso de fiscal y acepten los tres años de suspensión. E incluso Fernández de la Vega aprovechó para recordar su etapa como vocal de CGJP y cómo el rasero que empleaban entonces era más intransigente con ¿quién? ¿con los jueces que ya entonces se olvidaban por distracción de meter en la cárcel a los presos? ¿Debemos pensar que el "nuevo" CGPJ será más sensible a las reclamaciones de justicia social emanadas del pueblo y más permeable a las peticiones del fiscal, el Gobierno y de la oposición? ¿Por qué? ¿Porque ha nacido de un acuerdo político?

Si la decisión primera del CGPJ respecto a Tirado no fue compartida por casi nadie, la necesidad inaplazable de restaurar el error es unánime. Es posible que merezca la pena. Seguramente lo merece. Más valen los tres años de suspensión que la leve multa; y más vale el canje más o menos forzado del castigo, con la intermediación del fiscal y el deseo expreso del Gobierno, que el mantenimiento de la vergonzante multa. Todos estamos emplazados, pues, a comprobar cómo se porta el nuevo CGPJ, a ver qué sensibilidad gasta, si la renovada o la anterior, la de la vieja escuela; la de los tres años de suspensión o la de la multa.

Y después de rectificar la sanción ¿qué? Los casos ejemplares, como el presente, tienden a mezclar lo general con lo particular. Personalizan los despistes de toda la Justicia en un solo hombre, y convierten en cierto modo el castigo en una pena contra todos los errores administrativos. Los presentes y los futuros. ¿De qué nos salva, aparte del caso concreto de Mari Luz, la condena a tres años al juez Tirado?