Estos son los calificativos, aunque en otro orden, que el editorial de ayer de este periódico dedicaba al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que la presidenta de la Junta da por acabado en Andalucía. Y los cambios de orden porque sobre todo es injusto, ya que ante el mismo hecho -el fallecimiento de un familiar en primer grado, o por su liberalidad, caso de donación- unos ciudadanos pagan y otros no el mismo impuesto, dependiendo de la comunidad autónoma en que vivan. No pagan en las gobernadas por el PP. Obviamente, allí donde se paga es más que impopular y supone una injustica social, por más que quiera negarse, porque la igualdad de los españoles ante la ley, que proclama la C.E. (art. 14) no puede alterarse por su residencia.

Hay que reconocer el mayor mérito a C's porque fue una de las condiciones que impuso para votar a doña Susana en la investidura y ahora le reclama su cumplimiento para la aprobación de los presupuestos. También la campaña de recogida de firmas del PP ha debido contribuir para su impopularidad. La presidente quería esperar todavía un poco más para conocer la cantidad que recibiría de Madrid por impuestos cedidos y lo sucedido con ellos en 2016, pero la aprobación del presupuesto de 2018 no le deja esperar. Por cierto, que se cifra la recaudación del impuesto en Andalucía en 400 millones. de euros, cantidad a la que se aspiraba que abonara Madrid. Sin embargo, la recaudación de 2016 fue de 379,3 millones, por lo que ese exceso se pediría como la voluntá o propina.

Ese trato discriminatorio en el impuesto no sólo crea el problema de no poder ayudar a un hijo a comprar su vivienda, si este vive en Andalucía, más que con un costo fiscal añadido, sino que además puede dar lugar a conflicto y peleas entre hermanos, que podrían reclamar a los que no han tenido costo fiscal una especie de colación a la inversa. Con la normativa actual, la Hacienda de la Junta trata a la venta entre padres e hijos siempre como donaciones, cuando el precepto fiscal sólo lo contempla si los hijos son menores de edad y no se demuestra un patrimonio preexistente y suficiente del menor para la compra. Una recomendación que me sugiere la crónica de Juanma Marqués. Escribe que la posición de la presidenta es "dejar morir al impuesto de sucesiones", pero recuerde que estos muertos, como los del Tenorio, gozan de buena salud, por lo que es muy aconsejable esperarse a morir a que antes lo haga el impuesto.