LA trágica y absurda muerte de una mujer de 34 años en la avenida de Kansas City, atropellada por un vehículo cuando esperaba el autobús para ir a trabajar, ha vuelto esta semana a poner de manifiesto el elevado grado de inseguridad vial que padecen los peatones al caminar por las calles de Sevilla. Sobre todo si se tiene en cuenta que, con independencia de otros casos anteriores -como el que dio lugar al célebre affaire Farruquito, con su correspondiente derivación judicial-, se trata del segundo atropello mortal que se produce en nuestra ciudad en menos de un mes. Un dato que, lejos de ser fruto de una sobrevenida casualidad, denota en realidad que muchos ciudadanos (peatones y automovilistas) no son del todo conscientes del riesgo que corren por el hecho simple y cotidiano de moverse por Sevilla, con independencia del medio que utilicen. Los datos existentes dicen que el 50% de los accidentes de tráfico que se producen en España tienen a las ciudades como escenario principal. También explican que casi 8 de cada 10 fallecidos en este tipo de siniestros son peatones, ciclistas y motoristas. De donde se colige que ya no basta con las usuales campañas de concienciación para que los ciudadanos sean conscientes de la prudencia con la que deben circular por la ciudad. El alcalde propuso hace unas semanas limitar el límite de velocidad en determinados tramos urbanos -hasta 30 kilómetros por hora- como fórmula para intentar evitar estas situaciones de peligro. Siendo una idea razonable, lo que extraña es la razón por la que el Ayuntamiento no ha aplicado hace tiempo esta medida, teniendo en cuenta que estaba propuesta en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 2006. Por otra parte, no parece suficiente establecer sólo una norma para lograr solucionar el problema. Se antoja necesario -y en el caso de los atropellos casi se diría que urgente- hacer cumplir las ordenanzas y la ley. En este punto hay que llamar la atención sobre el protagonismo de la Policía Local y el sistema de radares de Sevilla, no todo lo eficaz que debiera. Se debe sancionar, y no por motivos de recaudación, como se hace con otras cuestiones relacionadas con el tráfico, sino por convicción. Por seguridad. Igual que debería replantearse la situación de calles -Jesús del Gran Poder, Águilas, Zaragoza, Baños, Adriano, Amor de Dios- que siguen siendo un peligro para los peatones.