La tribuna

josé María Pérez Jiménez / / pedro E. García Ballesteros

Inspección, poder e independencia

EL poder teme la independencia. Por este motivo los que lo ejercen tratan de controlar los mecanismos que puedan amenazar la supervivencia de su estatus. Pero una sociedad democrática necesita resortes que garanticen los derechos de los ciudadanos para que las leyes se apliquen en condiciones de igualdad para todos. El ejemplo más paradigmático serían los jueces y fiscales, o los diferentes órganos de control y evaluación, como las inspecciones de trabajo, sanidad, hacienda, o educación.

Estos órganos administrativos necesitan, por definición, gozar de la independencia y autonomía que les permitan salvaguardar los derechos de los ciudadanos y el cumplimiento de las normas democráticamente asumidas. Obviamente, no se trata de una independencia absoluta, sino la necesaria para funcionar a modo de bisagra entre la sociedad y la administración. Equilibrio delicado que el poder puede romper, desde el momento en que los organismos encargados de la inspección son creados por la misma administración, lo que permite a ésta establecer las condiciones organizativas que impidan o dificulten el desempeño adecuado de sus funciones, sobre todo cuando éstas ponen en evidencia las políticas desarrolladas. Un buen funcionamiento de esa Inspección, garante del cumplimiento de la ley y de los derechos de los ciudadanos, la legitima como servicio público, pero exige una administración respetuosa con la ciudadanía y una ciudadanía celosa para exigir el respeto de sus derechos.

En el último informe que el Consejo Escolar del Estado ha elaborado sobre el sistema educativo español en el año 2013 se dice que "la Inspección educativa debe sustentarse en los ejes vertebradores de la profesionalidad, la independencia y la autonomía… no debiendo estar sometida a los imperativos subjetivos de la discrecionalidad y del control político". Además se afirma: "la Inspección educativa ha sido relegada por parte de las Administraciones educativas principalmente a tareas burocráticas. La experiencia y capacidad de las personas que acceden a realizar funciones de inspección educativa está minusvalorada y desaprovechada…". Y, por si fuera poco, se añade: "la dependencia directa de la inspección educativa de las Administraciones educativas -sobre las cuales también tiene, en el papel, que realizar tareas de inspección- hace que se les impida o dificulte su actuación en ese sentido". Se puede decir más, pero no mejor, y se termina instando al Ministerio de Educación a realizar los cambios para que la inspección educativa sirva para lo que tiene servir, entre otras cosas para velar por el cumplimiento de las leyes por parte de todos, empezando por el poder político. Según esto, no parece muy halagüeño el estado de las cosas.

En el ámbito de Andalucía, la situación confirma el diagnóstico del Consejo Escolar del Estado. Los planes de trabajo de los inspectores de Educación están diseñados por la Consejería de Educación, con una dependencia funcional directa de la Viceconsejería, pero, lo que es más preocupante, con una dependencia orgánica y cada vez más funcional del delegado provincial de Educación. La Inspección General y los jefes provinciales de los inspectores son designados, respectivamente, por el consejero y los delegados provinciales. Es decir, el funcionamiento y la organización de la inspección educativa están fuertemente mediatizados por quien ejerce el poder político autonómico y provincial, no existiendo duda de que, tal como afirma el Consejo Escolar del Estado, así se pueden condicionar las funciones de este órgano fundamental, según los intereses del partido político que dirija la Administración.

Para salvar esta situación la dependencia debería ser del más alto nivel y plural, por qué no del mismísimo Parlamento andaluz, lo que requiere una urgente revisión del marco legal que regula la organización y el funcionamiento de la inspección educativa, para que se garantice su carácter de servicio público y, a la vez, se desarrolle la profesionalidad de sus miembros. La Inspección de Educación debe ser mucho más que un órgano técnico al servicio de la administración de turno. Es la responsable constitucional de que el derecho inalienable a la educación se convierta en realidad indiscutible para los ciudadanos y obligación inexcusable para un estado democrático más allá de intereses partidistas. La independencia, la autonomía y la responsabilidad profesional son requisitos imprescindibles de una Inspección Educativa en un Estado de derecho. Su actual organización y, sobre todo, su dependencia político-administrativa constituyen, en estos momentos, uno de los mayores problemas para ejercer plenamente sus funciones legítimas de servicio público.

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