La tribuna

francisco J. Ferraro

Instituciones inclusivas

EL adjetivo inclusivo es de uso cada vez más frecuente en las ciencias sociales y, en particular, en informes de organismos internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, el FMI o la OCDE. Con él se hace referencia a la capacidad de las instituciones (entendidas en sentido amplio) para facilitar la participación de los ciudadanos en la vida económica, política y social. Frente a las instituciones inclusivas, las excluyentes son las que favorecen los intereses de un sector de la sociedad, que utiliza su posición de poder para consolidar sus privilegios respecto al resto de la sociedad y como soporte extractivo de rentas. La experiencia histórica internacional pone de manifiesto que los países con instituciones inclusivas progresan más a largo plazo que aquellos en los que predominan las de carácter excluyente y, de hecho, el ranking internacional de los países según su nivel de desarrollo está encabezado por países con instituciones inclusivas, y ese ranking es muy estable a lo largo del tiempo.

Las instituciones económicas inclusivas son las que garantizan los derechos de propiedad, la ley y el orden, la libertad (y la facilidad) para la creación de empresas, el buen funcionamiento de los mercados, el cumplimiento de los contratos y la igualdad de oportunidades para que los ciudadanos puedan mejorar su situación económica. Las ventajas para una sociedad de las instituciones económicas inclusivas es que aprovechan la creatividad y el trabajo de más ciudadanos, con lo que aumentan la innovación, la competitividad y la producción de los países.

Por su parte, las instituciones políticas inclusivas son las que garantizan la participación y el pluralismo en las decisiones políticas y en la administración de los asuntos colectivos. Por el contrario, las instituciones políticas excluyentes son las que utilizan el monopolio del poder en su propio beneficio y en el de su entorno. Obviamente las dictaduras son instituciones políticas excluyentes, mientras que los sistemas democráticos son inclusivos, pero no todas las autodenominadas democracias son reconocidas como tales por la comunidad internacional, y los distintos indicadores sobre la calidad de la democracia ponen de manifiesto diferencias notables de inclusividad entre unas democracias y otras. Así, cuando existe una clase política profesional organizada en partidos y con un sistema electoral que en la práctica impone barreras de entrada a otros partidos, personas o grupos que quieren participar en el juego político, las prácticas extractivas van adquiriendo peso, hasta el punto de que el poder se convierte en feudo de las cúpulas de los partidos, que distribuyen sus privilegios entre sus correligionarios.

Cuanto más inclusivas sean las instituciones políticas mayor será la integración social y más ciudadanos participarán en las tareas colectivas, bien en las instituciones de representación y gestión públicas, bien a través de instituciones de la sociedad civil, cuyo papel es reconocido y valorado. Con instituciones inclusivas el ámbito de lo político no queda restringido a una clase política profesional, y la competencia de ideas, programas y proyectos para la organización de la vida colectiva enriquece la vida social.

Desgraciadamente, los diversos indicadores disponibles ponen de manifiesto que los españoles valoran nuestras instituciones políticas como poco inclusivas. Así, según el Eurobarómetro del Parlamento Europeo, el 70% de los españoles están insatisfechos con la democracia, el 90% desconfía de los partidos y el 95% considera que la corrupción está generalizada, mientras que los índices internacionales de calidad de la democracia sitúan a España en posiciones atrasadas en relación con su nivel de desarrollo, y los barómetros del CIS vienen destacando a los partidos y a los políticos entre los principales problemas del país. En consecuencia, son necesarias reformas institucionales para facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos colectivos y para que los responsables públicos recuperen la confianza de los ciudadanos.

Por otra parte, la necesidad de hacer más inclusivas las instituciones económicas españolas es crítica teniendo en cuenta lo que aún queda para salir de la crisis y los retos ante el futuro derivados del cambio tecnológico y de la profundización de la globalización. Ello exige evitar las restricciones administrativas y de funcionamiento de los mercados para que las personas con mayor capacidad lideren las empresas y las instituciones, pero también debe replantearse el enfoque de las políticas la igualdad de oportunidades, pues, como los informes de la OCDE o el exitoso libro de Piketty ponen de manifiesto, el aumento de la desigualdad en las últimas décadas y la concentración de la riqueza de origen hereditario están cercenando un principio básico y cohesionador de las democracias capitalistas: la posibilidad de ascenso social.

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