LA iniciativa de retrasar poco a poco la edad de jubilación para mejorar el sistema de pensiones abre el debate a otras variables determinantes de las pensiones. Qué duda cabe que la decisión de jubilarse voluntariamente a una edad depende de la posibilidad de seguir percibiendo una renta que, aunque inferior a los que se gana trabajando, no suponga una pérdida dramática en las condiciones de vida. Aun en el mejor de los casos, en que se cumplan los requisitos de años de jubilación y se haya cotizado sobre las bases máximas que se establecen, la renta que queda es baja. Los cambios sociales combinan actualmente una mayor longevidad y mejores condiciones de salud, con oportunidades de ocio y gastos que antes no existían, lo que hace necesario un complemento a la pensión pública.

Todos los gobiernos animan a sus ciudadanos a ahorrar para la vejez, y aunque difieran los atractivos que dan, un buen tratamiento fiscal es un requisito básico. En España, el ministro Pedro Solbes recortó la cuantía de las aportaciones a planes de pensiones deducibles de la base imponible del impuesto sobre la renta. Esto fue un error, porque el ahorro para la jubilación (o paro de larga duración, enfermedad, o como herencia en caso de fallecimiento) es un ahorro muy estable, a largo plazo, beneficioso para cualquier economía. Los argumentos eran que sólo aportaban significativamente a planes de pensiones quienes tenían rentas elevadas, y que las gestoras proporcionaban en promedio rentabilidades bajas, por lo que el esfuerzo recaía casi exclusivamente en el Estado, por la desgravación. La primera cuestión puede compensarse dividiendo las aportaciones por tramos y haciendo la desgravación menor a medida que aumenta la cuantía aportada. Y la segunda exigiría ajustar las inversiones a la edad y perfil de riesgo de los partícipes, y mejorar la competencia.

Sería buena idea una aportación complementaria obligatoria, pudiéndose elegir entre hacerlo a un fondo privado o a un plan dentro del fondo de la Seguridad Social, que por ahora está bien gestionado. A estas aportaciones podría añadirse un seguro de vida que iría desapareciendo con la edad. Se ha estimado que la crisis ha costado en 2008 más de 5 millones de millones de dólares a los sistemas privados de pensiones, de los que apenas una cuarta parte se ha recuperado en 2009. La inversión en acciones, que se supone es la de mayor rentabilidad a largo plazo, falla en crisis profundas como la actual; la diversificación tampoco es una solución al caer a la vez activos que antes no se correlacionaban, y las posiciones en liquidez ofrecen una rentabilidad insuficiente.

Haría falta una transformación de la política de los planes de pensiones y de su gestión; entre otras cosas se debería contar con deuda pública a muy largo plazo, cuya rentabilidad se moviera con la inflación. Los inmuebles en renta cumplen también este requisito de proporcionar una rentabilidad que debe mirar a plazos largos. Los responsables políticos no deberían olvidar que todo esto tiene como objetivo proporcionar una cierta seguridad frente al riesgo de longevidad, que es uno de los más difíciles de cubrir de todos los riesgos conocidos.