Editorial

La Junta, los ERE y la defensa

LA Junta de Andalucía haría bien en no echar en saco roto el reproche que le ha dirigido la Audiencia de Sevilla al rechazar el recurso en el que se oponía a la imputación de una veintena de antiguos altos cargos del Gobierno andaluz en el sumario que investiga irregularidades en las ayudas de la Administración a los ERE de empresas con procesos de reducción de plantillas. La Audiencia, y no es la primera vez que lo hace, censura al Gobierno andaluz porque aprovecha su personación en la causa como acusación para actuar en la práctica como defensora de los investigados y arrogarse "potestades o facultades que no le corresponden". El auto en el que se critica la actitud de la Junta supone un evidente aval a la instrucción que desarrolla la juez Mercedes Alaya, alguna de cuyas últimas decisiones han sido puestas en entredicho por la Fiscalía Anticorrupción. Pero va más allá al poner límites al papel que debe jugar la Junta en el proceso de instrucción y la necesidad para la buena marcha de la investigación de que éstos no se traspasen. No está de más recordar que la postura que abiertamente ha defendido la presidenta de la Junta desde su llegada al puesto ha sido precisamente la de establecer un cortafuegos entre el nuevo Gobierno andaluz y todo lo que tenga que ver con la instrucción judicial que lleva a cabo Alaya. De hecho, éste ha sido de alguna forma el motivo que ha llevado a la sustitución de José Antonio Griñán por Susana Díaz tres años antes de que se cumpliera el plazo de la legislatura. Esta política de distanciamiento es la que más conviene a los intereses de una Junta que se ha visto inmersa por este caso en un laberinto de descrédito y sospecha del que parece incapaz de salir. La Junta es hoy, lo quieran admitir o no sus responsables, una Administración en entredicho y esta circunstancia condiciona buena parte de su actuación. Marcar distancias es una necesidad para la Junta, a pesar de que la instrucción de la juez Alaya parece cada vez más encaminada a formular una especie de causa general contra la actuación del PSOE en el Gobierno andaluz y de su afán por prolongar lo más posible su permanencia al frente de un caso que quizás debería estar ya en manos del Tribunal Supremo. Lo cierto es que cuanta más distancia ponga el Gobierno de Susana Díaz con respecto a este caso más habrá ganado de cara el futuro. La confusión de papeles que con razón criticaba la Audiencia en su auto del pasado jueves es lo que menos le conviene y la Junta debería tomar buena nota de manera inmediata. Los imputados deben dedicarse a defenderse y la Junta a otras cosas más importantes para Andalucía.

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