La tribuna

Alfonso Ramírez De Arellano Espadero

La Junta y la drogodependencia

LA desaparición de la Dirección General de Drogodependencias y Adicciones del organigrama de la Junta de Andalucía plantea la duda de si se trata de una medida de racionalización organizativa o significa descender un peldaño en el interés que el Gobierno andaluz muestra por un tema de dimensiones sociales y sanitarias tan importantes.

La disminución de interés de la Administración andaluza por el problema sólo se podría explicar desde la óptica de la desaparición de la alarma social que acompañó al tema durante tantos años y por la baja percepción del riesgo ciudadano que padecemos en Andalucía y en el resto del país. Pero eso equivaldría a aceptar que las decisiones políticas se toman en función de las tendencias de opinión y no de los datos objetivos epidemiológicos, clínicos y sociales que poseemos en relación con el problema, ya que disponemos de información científica sobre la dimensión y la evolución del fenómeno a través de los diversos instrumentos técnicos de los que nos hemos ido dotando en todos estos años.

Desgraciadamente sabemos que el problema no ha disminuido en su conjunto (excepto el consumo de heroína) y en algunos aspectos reviste tintes muy preocupantes, como son la edad de inicio de varias sustancias legales e ilegales, el número de consumidores abusivos de alcohol, el incremento del número de casos denominados de patología dual o, lo que es lo mismo, que padecen una enfermedad mental diagnosticada además de un problema de adicción, el incremento de consumidores y de inicios de tratamiento por cocaína en los últimos años que nos sitúan en los puestos de cabeza a nivel mundial, el número de fumadores, etcétera. Pero lo más inquietante de cara al futuro es que las drogas (legales e ilegales) se instauren como un elemento socialmente aceptado de la cultura del ocio infanto/ juvenil.

Aceptando la idea de la racionalización, quizá lo más importante sea que no se quede corta, que se acompañe de otras medidas técnicas y administrativas, para evitar que se convierta en un simple recorte presupuestario.

Hay un vicio de origen en lo que se refiere a cómo se organizó la respuesta pública a la epidemia de heroína de los años 70/80. En aquellos momentos se optó por crear una red específica de asistencia como el mejor modo de hacer frente rápidamente a un problema que nos desbordaba. Hoy esa red pública está consolidada y ofrece un servicio muy cualificado en Andalucía, pero nunca ha llegado a integrarse completamente en el resto del sistema sanitario.

Concretamente mantiene una difícil coexistencia con la red de salud mental, con la que demasiado optimistamente se dice que está coordinada. Lo más paradójico del asunto es que los manuales de psiquiatría, las clasificaciones internacionales y la propia OMS consideran las drogodependencias y las adicciones como un problema de salud mental. También la práctica clínica cotidiana nos recuerda este hecho, ya que un porcentaje altísimo de pacientes están diagnosticados de patología dual, padece algún tipo de trastorno de personalidad o cursan con otros síntomas psicológico/psiquiátricos.

En nuestra Comunidad Autónoma se ha hecho depender operativamente la asistencia de las diputaciones y de algunos ayuntamientos. Precisamente uno de los aspectos que vino a "racionalizar" la reforma psiquiátrica de Andalucía fue crear una red única andaluza dependiente del SAS a partir de los recursos de diferentes administraciones. Recuérdese, por ejemplo, que los hospitales psiquiátricos dependían de las diputaciones.

Por otro lado, para atender eficazmente la vertiente de la integración social de drogodependientes y adictos es evidente que hay que contar con la potencia de los servicios sociales andaluces y los programas especiales de formación y fomento de empleo para colectivos con especiales dificultades del SAE.

Señor Griñan, podemos mejorar la asistencia en salud mental y en drogodependencias, ámbitos en los que los andaluces hemos sido pioneros. Hoy, en drogas, lo son aquellos que están integrados en sus respectivos sistemas e investigan desde institutos autonómicos u hospitales. Pongámonos a la cabeza de la atención de unos problemas que, siendo mentales, tienen causas y consecuencias fuertemente sociales, como estamos haciendo en otros ámbitos sociosanitarios. Abandere ese cambio. Merece la pena y además ni siquiera es una cuestión de grandes recursos económicos, sino de ganas, de esfuerzo e ideas claras. Cuenta con un conjunto de profesionales de primer nivel y una federación de organizaciones sociales con más ganas de colaborar que de reivindicar. Actúe preventivamente, no espere a que se presente un problema o un escándalo.

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