NOS han hablado de todo -los candidatos-, incluso de lo que no nos interesa para nada... salvo de la política exterior y la Justicia. Si hacemos caso de la campaña electoral, España debe ser un país ensimismado y autárquico que no tiene intereses en el mundo ni mira más allá de sus fronteras -¡como si hoy existieran fronteras!- y una nación sin conflictos en la que los tribunales sobran. Lo primero le ha venido de superior para arriba a un ministro tan controvertido como Moratinos; lo segundo lo han impedido miles de funcionarios judiciales movilizados en contra de Fernández Bermejo, tan controvertido como el anterior, o más.

Al final, la Justicia ha irrumpido en la campaña de la peor manera posible: como arma arrojadiza en la pelea partidista. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha concedido a una modesta familia de Bollullos, adscrita al movimiento neocatecumenal de la Iglesia Católica, el derecho a la objeción de conciencia sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) ha servido para reactivar todos los demonios de la politización de la Justicia. De la que se acusan unos y otros, por cierto, sin la más mínima crítica para las propias filas. Como está mandado.

Lo inaudito es que la señal de salida para esta loca carrera la ha dado el mismísimo presidente de la Junta de Andalucía con una cuidadosa puesta en escena en la que la rotundidad de la frase planeada para descalificar a los jueces ("Alguien puede sospechar que puede haber alguna interferencia en la campaña") se impone por fuerza a la matización exculpatoria ("Yo no lo creo"). Si esto no es tirar la piedra y esconder la mano, se le parece mucho. Un paso más se da cuando se buscan las relaciones familiares de los magistrados que han dictado este fallo que, por supuesto, resultan ser conservadores, integristas, del Opus Dei, etcétera.

Piensen, por un momento, en que se hubiera producido la situación inversa, o sea, una sentencia del TSJA rechazando la objeción de conciencia de los bollulleros. ¿Qué habría pasado? Pues lo mismo, pero con los papeles cambiados. La Junta habría enaltecido la independencia de los jueces, que fallan cuando les toca y no reciben presiones de nadie, y la derecha política y mediática habría visto sin duda detrás del tribunal la larga mano de Chaves, las conexiones de los jueces con el PSOE, la "casualidad" de que esto salga a la luz días antes de las elecciones, etcétera. En fin, todo lo que vemos todos los días desde hace años: la falta de respeto a la Justicia.

Para algo va a servir el barullo. El Tribunal Supremo tendrá que unificar la doctrina sobre la objeción a EpC (por cierto, espero quelo haga a favor de la asignatura).

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