LA juez Mercedes Alaya, que instruye varias macrocausas relacionadas con la corrupción política, como la de los ERE o los cursos de formación subvencionados, ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla reclamando que se dote de forma urgente a su juzgado de dos armarios y tres estanterías, a fin de poder almacenar la documentación correspondiente a dichos sumarios y evitar su deterioro o pérdida. Un segundo escrito de la misma procedencia demanda la mejora de uno de los escáneres que utiliza el juzgado para digitalizar los documentos del caso de la formación para el empleo, que alcanza ya los 120 tomos, la tercera parte de los cuales se encuentran depositados en el suelo o apilados encima de las mesas del juzgado. La reclamación de armarios y estanterías ya había sido cursada a la Junta de Andalucía con anterioridad, sin que se haya producido respuesta por parte de la Administración autonómica. Ésta es responsable de la dotación de medios a la Justicia, y hay que señalar que su gestión deja mucho que desear en este aspecto. La petición de Alaya viene a reflejar el problema endémico que padece la Justicia en esta comunidad autónoma, tanto en lo que se refiere a dotaciones materiales como a elementos humanos, en la que la incipiente política de mejora que llevó a la construcción de ciudades de la Justicia en algunas capitales, quedó abortada por la crisis, paralizadora de muchas mejoras y proyectos previstos. El caso es que los órganos judiciales andaluces a todos los niveles sufren situaciones próximas al colapso, las causas se eternizan (hay juicios de lo social fijados para el año 2018) y los ciudadanos se ven afectados por demoras y desatenciones que les producen perjuicios sin cuento, aparte de que la propia Justicia es sometida a un deterioro constante. Es un deterioro del concepto mismo de la resolución de conflictos de acuerdo con la ley, de los derechos de los imputados, que han de permanecer años bajo el estigma social de esta condición jurídico-penal, y de los derechos de la sociedad a castigar las conductas delictivas, ya que la tardanza de los juicios puede conducir, y de hecho conduce, a la prescripción de delitos que en la práctica equivale a la absolución de sus presuntos autores. Una vez más hemos de proclamar que la Justicia tardía es menos Justicia. Que un juez, sea Alaya o cualquier otro, necesite dirigirse a la Junta de Andalucía para pedir que le manden armarios y estanterías es, por la elementalidad de la demanda, el signo evidente de una carencia que la Administración de la Justicia no se puede permitir. Urge un plan de choque para financiar la solución a estos desarreglos y deficiencias.

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