Editorial

Justicia pragmática para Marbella

LA Fiscalía de Málaga, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, negocia con las defensas de los acusados un acuerdo para sustanciar los más de 70 procesos judiciales pendientes por la concesión de licencias ilegales en Marbella. El pacto supondría para los acusados la condena global a una pena no superior a seis años de prisión por la comisión de decenas de delitos urbanísticos. Una quincena de ex concejales y ex alcaldes de las etapas más negras del gilismo podrían beneficiarse de este compromiso. El Ministerio Público ofrece varios argumentos para defender estas conversaciones y la concesión final, como la obligación de aplicar el principio de economía procesal. Los costes de la tramitación y de la larga lista de causas fijadas atascan a la Administración de Justicia y suponen un exceso de carga de trabajo para la propia Fiscalía, que impide prestar dedicación a otros asuntos de relevancia. La segunda y, jurídicamente, discutible apreciación es que estaríamos ante un presunto delito conexo, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite instruir en un solo proceso porque hay relación entre todos los elementos. El Código Penal prevé un cumplimiento final de condena no superior al triple de la pena mayor de la infracción, dos años de prisión en el supuesto que nos ocupa. Una resolución de la Junta de Jueces de Málaga de hace un año da base legal a la decisión. La reflexión se cierra con que los acusados admitirían ante los tribunales su culpabilidad y que esta transacción sólo alcanza a los procesos por delitos contra la ordenación del territorio, no a los convenios urbanísticos ilegales y a otras posibles irregularidades. Pero al margen del soporte jurídico que sustenta la iniciativa -no contemplada hasta ahora pese a que se han dictado ya numerosas sentencias, algunas incluso firmes-, el poso final que queda es más que alarmante. Si el caso paradigmático de Marbella, con unos desmanes urbanísticos que dieron origen a una corrupción y un saqueo generalizados, se cierra con castigos testimoniales, esta Justicia pragmática enviará el peor de los mensajes a la ciudadanía.

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