la esquina

José Aguilar

Lealtad institucional

EL Gobierno de la nación ha roto las hostilidades con la Junta de Andalucía. De manera inopinada, porque unos y otros habían comenzado con buen pie una relación que tenía motivos objetivos para ser tormentosa. El mayor de estos motivos es que la Junta constituye el último reducto del socialismo patrio y que el Gobierno hará todo lo posible para que deje de serlo en breve plazo. Concretamente, el 25 de marzo.

No hace ni una semana que la consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, venía encantada del desarrollo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, había logrado poner de acuerdo a las comunidades autónomas sobre el control del déficit público mediante una inteligente combinación de rigor y generosidad. El insólito contento, que era mutuo, ha durado lo que un caramelo a la puerta de un colegio de otros tiempos.

Lo liquidó la vicepresidenta única del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el viernes pasado, cuando mostró en ocasión solemne -rueda de prensa tras el Consejo de Ministros- su "gran preocupación" por las cuentas andaluzas. Eso es lo que estaba denunciando el candidato popular, Javier Arenas, desde unos días antes. Por decirlo suavemente, Sáenz de Santamaría se olvidó del sitio en el que estaba y en función de qué hablaba para colocarse la gaviota y actuar como portavoz y activista del PP andaluz.

La Junta de Andalucía pasa dificultades financieras y de tesorería. Como todas, pero menos que la mayoría de las comunidades. Ni en déficit público ni en endeudamiento en relación con el PIB está por encima de la media. Desde luego anda lejos de los déficits y deudas pavorosas de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, por nombrar dos regiones gobernadas por el PP, una desde hace muchos años y otra menos de uno. ¿Por qué Soraya no expresa preocupación, ni grande ni pequeña, por las finanzas de estas dos comunidades? No se vislumbra más que esta razón: porque en ellas no hay elecciones próximamente, y en Andalucía sí.

Me parece grave que la vicepresidenta de España se comporte como una agencia de calificación cualquiera. En un mundo como el que estamos y siendo deudores como somos todos los españoles, lo peor que puede hacer un gobernante español es poner en duda la solvencia y fiabilidad de cualquier comunidad. Si está sinceramente preocupada, que se lo diga a los responsables de la comunidad en cuestión por conducto oficial, no a través de los periódicos. Vamos, que se comporte con sentido del Estado que representa y no con el sectarismo propio de un partido en campaña electoral. Esto se llama lealtad institucional.

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