La tribuna

Juan Espadas

Ley de Vivienda: tu derecho, nuestro deber

ES verdad que una ley no transforma la realidad con sólo publicarse en el Boletín Oficial, pero no es menos cierto que la manifestación de voluntad de un Parlamento puede poner los cimientos para que las cosas sean diferentes en el futuro. La Ley del Derecho a la Vivienda ha pasado de ser una propuesta de los socialistas a un proyecto del Gobierno andaluz y, hoy ya, una norma de nuestro Parlamento que aspira a arrancar de las leyes del mercado el futuro de los jóvenes en algo tan importante para su vida como disponer de una vivienda en la que poder realizarse personal y familiarmente.

Este derecho, recogido en la Constitución y en el Estatuto, demandaba de los poderes públicos algo más de lo que hemos ofrecido estos años a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que por disponer de menos recursos necesitaban una oferta que no estuviera sujeta a los avatares del Íbex 35 o el Euríbor. Progresar es avanzar con decisiones inteligentes y si los socialistas ya dimos muestras de valentía al definir el contenido de derechos como la salud o la educación, por qué no atrevernos ahora con la vivienda y asegurar el futuro de los jóvenes planificando ciudades que tengan presente dónde y cómo van a vivir.

La crisis debe dejarnos la oportunidad de reinventar un sector de la construcción cuya sostenibilidad pasará por dimensionarse para atender, en primer lugar, a aquellos que necesitan satisfacer una necesidad básica de vivienda, en compra o alquiler, sin hipotecar sus vidas. La ley puede permitir además una especie de reconciliación ciudadana para recuperar la credibilidad del propio mercado inmobiliario.

Hoy que tanto se habla de reformas de la economía permítanme que les dibuje el escenario que hará posible la norma cuando haya desplegado todos sus efectos, cambiando el destino de miles de familias que ganan menos de 36.000 euros y que necesitan una vivienda de en torno a 120.000 euros o una oferta suficiente de alquiler a buen precio.

Cada municipio estará obligado a contar con un registro de demandantes y, en base a él, se planificarán los suelos y las promociones que se adapten a las características de los vecinos. No se trata, por tanto, de unas cuantas viviendas para unos pocos afortunados en un sorteo, sino de que la mayor parte de la nueva construcción de los próximos años serán viviendas a precio asequible en venta o en alquiler. Los ayuntamientos deberán contar con un plan municipal que dé respuesta a la demanda registrada y sea coherente con su planeamiento urbanístico. A diferencia de estos años atrás, el suelo ya no será un problema y la especulación sobre el mismo, imposible, porque aquellos que alberguen vivienda protegida tienen su precio tasado. Como la vivienda protegida ya no será objeto de la voluntad política de sus gobernantes, a través de iniciativas aisladas a veces alejadas incluso del perfil de los demandantes, la empresa privada debe sustituir a la pública de forma mayoritaria. Sólo así podremos generar el volumen de parque residencial como el que necesitamos.

Si el producto está claro; hay tejido empresarial dispuesto a hacerlo y hay ciudadanos que lo demandan, ¿qué nos falta para poner en marcha esta maquinaria? En primer lugar, ayudas públicas para que los ciudadanos no se endeuden por encima de un tercio de sus ingresos si compran o de un cuarto si pagan un alquiler. Esto ya está garantizado en el Plan de Vivienda de la Junta. En segundo lugar, financiación de las entidades de crédito a los promotores y préstamos a los adquirentes. Éste es el principal escollo en la actual crisis, pero también empieza a dar síntomas de recuperación.

Ahora bien, esta cuestión, coyuntural y que pronto empezará a recuperar un flujo razonable, no debe menoscabar el calado de la transformación que el sector va a experimentar por la ley que ahora aprueba el Parlamento. Una ley que con las cifras que va a desencadenar se convierte en un revulsivo frente a la crisis de la construcción que, ahora de forma más sostenible, volverá a crear empleo: más de 700 registros con ciudadanos que manifiestan sus preferencias sobre lo que necesitan en base a sus ingresos; otros tantos planes municipales con suelos identificados y una programación temporal de actuaciones (en 2008-2009 se han calificado 38.000 proyectos de VPO en Andalucía, un 70% privados); un reglamento de calidad que incorpore innovación y eficiencia a la edificación y la apuesta por la rehabilitación del parque residencial existente.

Una vez más, Andalucía vuelve a ser referente de progreso y locomotora de derechos. La aprobación de esta ley nos hace pioneros en dar contenido real y trazar el camino para hacer que un derecho constitucional y estatutario pase de ser un mero principio a un hecho ejercitable en términos concretos. Nos comprometemos, de verdad, y sobre todo con los jóvenes.

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