Al punto

juan / ojeda

Ley electoral

NINGUNA ley electoral es perfecta, pero de lo que no cabe duda es que unas son mejores que otras. Su mayor o menor grado de bondad debe tener como termómetro un conjunto de elementos como son, entre otros, la garantía de la pluralidad política y que la representación en las instituciones corresponda, con la mayor exactitud posible, a la voluntad expresada por los ciudadanos a través de sus votos. En España el sistema proporcional, basado en la ley D'Hont, e implantado desde las primeras elecciones democráticas de 1977, ha consolidado, a nivel nacional, un bipartidismo imperfecto que se ha reflejado siempre en las mayorías, unas veces absolutas y otras no, del PSOE y del PP.

Después de más de treinta y cinco años, es el momento de pensar en una modificación del sistema electoral. De hecho, se ha hablado ya en más de una ocasión de abordar el tema, pero todo sigue igual, salvo algún pequeño retoque, como el del voto de extranjeros residentes en las elecciones municipales. Lo cierto es que no parece fácil una reforma en profundidad que, según su dimensión, incluso exigiría cambios constitucionales. Por supuesto, necesita el consenso de las dos grandes fuerzas políticas, no sólo para conseguir las mayorías parlamentarias cualificadas que apoyasen el cambio, sino también para darle estabilidad a un sistema que no soportaría giros bruscos.

Pero ese consenso no va a ser fácil, porque cada partido, esté en el poder o en la oposición, hace sus cálculos en función de lo que una reforma de ese tipo representaría para sus intereses en las elecciones siguientes, lo cual complica mucho el tema. De todas formas, el creciente desapego de los ciudadanos hacia sus representantes políticos es un indicador de la necesidad de ese cambio, que tuviese como resultado una más obligada proximidad del electo con sus electores. Es cierto que con sólo esto no se arregla el problema del desafecto, pero sería un paso necesario para conseguirlo.

En la Comunidad de Madrid, el PP propone un cambio de la ley electoral autonómica, por la que una parte de los diputados serían elegidos por voto directo, y otra por el sistema proporcional. En Andalucía, IU intenta forzar también un cambio, tras aparcar la idea de aumentar el número de diputados, pero sin concretar sus planteamientos, que miran con recelo el PP y el PSOE, por muy socios que éstos sean. Todo esto saldrá adelante, o no, pero, tarde o temprano, tendremos que cambiar la ley electoral.

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