OIGO quejas en la radio por la no aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en uno de sus aspectos fundamentales: la educación. Han pasado tres años y medio desde que se aprobó la norma, y nada se ha hecho en este aspecto, contenido en seis de sus artículos.

Aspecto crucial, porque se refiere a una de las políticas preventivas más adecuadas que se pueden pensar. Junto a las lógicas represión de maltratadores y homicidas y defensa y protección de las víctimas de esta lacra incalificable, se impone trabajar también en el cambio de la mentalidad machista imperante. A medio plazo es la solución más profunda. Por eso la ley quiso ser integral, para afrontar la violencia doméstica en todas sus dimensiones.

En la dimensión educativa no se ha avanzado, ni poco ni mucho. No han cambiado los libros de texto en la dirección perseguida, ni se ha formado a los profesores que, a su vez, debían formar a los alumnos en la igualdad y el respeto a la igualdad de la mujer ni se ha implicado a la comunidad escolar en la cuestión. Pero no es solamente esto lo que falla en la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género. Tampoco se han arbitrado los medios necesarios para el seguimiento de los casos de maltrato, ni se controla la ejecución de las órdenes de alejamiento ni se protege a las mujeres víctimas para impedir que lo sigan siendo y ayudar a que puedan rehacer sus vidas.

No ocurre algo muy diferente con otras leyes importantes. Se ha reformado, por ejemplo, el tratamiento penal de ciertas infracciones del Código de Circulación, como la conducción sin carné, pero no se ha preparado al sistema penal para que los sancionados puedan prestar en sitios adecuados los servicios a la comunidad previstos. Tampoco existen los medios materiales y humanos suficientes para gestionar la reinserción de los menores delincuentes.

Acuciado por el estallido de conflictos sociales nuevos o el agravamiento de conflictos preexistentes y la alarma social que unos y otros generan, los legisladores reaccionan, generalmente con sensatez, aprobando leyes y modificando otras. El problema es que los gobernantes no acompañan este trabajo normativo de la dotación presupuestaria que se requiere para que las leyes cumplan su finalidad, con lo cual éstas quedan en agua de borrajas o, en el mejor de los casos, no satisfacen las demandas de la sociedad ni las expectativas levantadas por las iniciativas legislativas.

No se resuelve un problema sólo con una ley, ni siquiera con una buena ley. Hay que instrumentar los mecanismos materiales y humanos que permitan desplegar todo su potencial. Si no, se abona el terreno para la frustración y para deslegitimación de la política.