El análisis

Liberalización y reformas estructurales

El nuevo Gobierno tiene ante sí grandes retos económicos, entre los que deberían figurar cambios en el mercado laboral, una mayor apertura de los mercados o planes que fomenten la competitividad

PASADAS ya las elecciones generales y autonómicas en España y Andalucía, respectivamente, estas dos últimas semanas han dado lugar a numerosos análisis en los medios de comunicación sobre cuáles son los deberes en el ámbito político, social y económico para los nuevos gobiernos central y autonómico. Como es habitual, este artículo se centrará en cuestiones económicas, en este caso sobre algunas de las recetas que se han escuchado durante la campaña y que han ganado énfasis una vez cerrado el proceso electoral.

Hace unos días, el semanario The Economist, entre otros, volvía a dar una vuelta de tuerca sobre la difícil situación que aparentemente espera a las autoridades económicas de nuestro país en los próximos meses, en marcado contraste con la bonanza económica de las tres últimas legislaturas. Y ya se apuntaba, desde la citada publicación, que los últimos gobiernos, que han trabajado decididamente para que nuestro país se beneficiase al máximo de nuestra integración en la Unión Monetaria Europea -que ha permitido disfrutar hasta hace bien poco de voluminosos fondos europeos, bajos tipos de interés y una inflación bajo control-, no habían puesto tanto énfasis en que algunos de nuestros mercados fueran todo lo competitivos que esta unión monetaria exige. Reforzar la liberalización de algunos mercados y acometer reformas estructurales, sin embargo, parece ahora ineludible. No llevar a cabo algunas políticas que refuercen la competencia podría poner en riesgo los logros que la economía y la sociedad española ha alcanzado en estos años. Para el periodo que se abre ahora la actividad del sector de la construcción no será suficiente para mantener el dinamismo de la economía española.

Destaquemos algunos de los ejes de actuación que numerosos analistas económicos han sugerido estas últimas semanas. En los últimos años, los costes laborales -cierto es que acompañado por la fortaleza del euro y el encarecimiento de las materias primas pero, en estos dos casos, poco podemos hacer- han crecido significativamente y han dañado la competitividad de las manufacturas y servicios. Parece necesario reformar algunas parcelas del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo -en especial, en el ámbito de la negociación y fijación de salarios- para que nuestra competitividad exterior no continúe por la senda negativa, como revela el fuerte déficit de la balanza comercial. Estas medidas pueden causar recelo en los sindicatos y, por tanto, habrá que trabajar con ellos para poderlas llevar a cabo, entendiendo todos que son necesarias e inevitables. Por otro lado, parece necesaria una mayor liberalización en aquellas actividades del sector servicios que, por fundamentalmente por motivos de regulación administrativa, tienen un fuerte comportamiento inflacionario, generan distorsiones en el funcionamiento de nuestros mercados y son depositarias de excesivos privilegios, que la economía española ya no puede permitirse en el futuro.

La creación y supervisión de unas condiciones más competitivas en los mercados españoles es una tarea pendiente, que los economistas españoles hemos venido pregonando con frecuencia. A diferencia de EEUU, donde las políticas y actuaciones antimonopolio tienen más de 70 años -algo que observo claramente en este periodo que estoy viviendo en el país-, en Europa -y España no es una excepción- no hay una larga tradición ni en el fomento la competencia ni en la vigilancia de las situaciones con fuerte poder de monopolio. Sin embargo, los beneficios de introducir más competencia son para todos, para el conjunto de las empresas (que necesitan adquirir para su proceso de producción bienes y servicios provenientes de otras unidades productivas) y para los consumidores. Es hora de que nuestro país dé el paso decisivo en este punto de la defensa de la competencia y supere las reticencias e intereses ocultos que pueden existir en determinados sectores y agentes económicos privilegiados.

En el pasado, nuestro país ha sido ejemplar -e incluso pionero- en la adopción de medidas aparentemente impopulares en el corto plazo pero que generan unas mejores condiciones económicas y bienestar en el largo plazo. Un ejemplo claro ha sido la disciplina presupuestaria que nos has llevado en el último ejercicio a un superávit en las cuentas públicas de un 2% del PIB, y que hace 15 años parecía impensable que se asumiera como parte de nuestro acervo económico por parte de todos. Este superávit va a venir muy bien para contrarrestar la presente desaceleración económica.

Algo parecido ocurre, en mi opinión, con la defensa de la competencia, que puede ser la siguiente gran apuesta que refuerce la competitividad de nuestra economía. Será necesaria la aprobación de reformas estructurales, pero también la dotación de mayores recursos y mayor poder de vigilancia y sanción a las autoridades de defensa de la competencia. Todos parecemos convencidos de que el apoyo decidido a las políticas de I+D+I, al reforzamiento de nuestro capital humano y a aumentar la productividad son ejes fundamentales para el futuro. Sólo cabe desear que el reforzamiento de la competencia en nuestra economía cuente con ese mismo tipo de respaldo pronto. Si es así, saldremos todos ganando y mucho.

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