La ciudad y los días

carlos / colón

Libertad de conciencia

SOBRE la cuestión de aborto cada cual puede opinar razonadamente lo que su libre conciencia le dicte. Hay que recordar que la libertad de conciencia puede estar orientada por una ideología o una creencia, pero sin que el individuo se someta ciegamente a ellas. Lo que nos diferencia de los fanáticos es precisamente esta libertad última para decidir. Quien renuncia a ella, ya sea a causa de su acrítico sometimiento a doctrinas políticas o a creencias religiosas, es un fanático o un integrista. A ellos hay que sumar quienes se someten con igual ceguera a las presiones consumistas que pretenden abolir todo límite que frene la conversión del ser humano en productor/consumidor.

"¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!" escribió Kant. Este valor puede enfrentarnos a las instituciones civiles o religiosas en nombre de una libertad de conciencia que no ignora sus leyes o mandatos, pero sí los interpreta. Todos sabemos que algo puede ser a la vez legal e injusto y que el clero puede equivocarse. En estos casos prima la libertad de conciencia frente a lo que las instituciones dispongan. Salvo que se sea un fanático que asuma acríticamente lo que el poder -sea el que sea: civil, religioso o consumista- disponga.

Por eso es gravemente reduccionista e injusto, como hizo ayer El País en su editorial, afirmar que las leyes sobre el aborto o el matrimonio gay "sólo molestan a la minoría de integristas" dentro del PP y "a la jerarquía de la Iglesia católica". Hay católicos, como es mi caso, a quienes no molestan las leyes sobre el matrimonio gay, pero se sienten heridos (porque molestar es una palabra insuficiente referida a un asunto de vida o muerte) por la actual legislación sobre el aborto; y desearían que se volviera a la de 1985 (promulgada, por cierto, por un Gobierno socialista). Y no por razones religiosas sino puramente humanas y, tras los últimos avances, también científicas.

Si este reduccionismo es grave, más aún lo es afirmar que "la reforma que promueve el partido conservador" está "impulsada por el chantaje a que, en este asunto, somete al Ejecutivo y al PP la cúpula de la Iglesia católica". Habrá que recordarle al editorialista que el chantaje está contemplado en el Código Penal como un delito castigado con pena de prisión de seis meses a tres años. ¿Seremos capaces de reconducir los debates hacia la racionalidad en vez de insistir en las simplificaciones más groseras?

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