HACE falta zamarrear la escala de valores de la inteligencia social. En Andalucía, una de las metas más ambiciosas debería ser liderar los rankings de rendimiento educativo en la enseñanza obligatoria, y situar a dos universidades entre las diez mejores de España. Ése es el camino para una prosperidad estable. Por desgracia, falta convicción, coraje y consenso para ello.

Los llamamientos desde el poder político para que la iniciativa privada lidere la innovación son un eco con escasa respuesta. Pero cuando la tiene, se le ponen trabas. Andalucía es la única autonomía grande sin universidades privadas. Hay un proyecto de altos vuelos para acabar con esa carencia y animar la competitividad académica. Es la Universidad Loyola, fruto del acuerdo entre Abengoa y la Compañía de Jesús, con el equipo de Etea y el apoyo estratégico de Esade. Su objetivo es tener alumnos con formación de alto nivel internacional, lo mínimo que se despacha en la globalización. Que los jóvenes con esas aspiraciones no emigren a las primeras de cambio para adquirir esa fuerte dosis de conocimiento y experiencia, y tiren hacia arriba de la sociedad en la que han nacido.

El mero anuncio de ese proyecto debería haberse convertido ya en una prioridad indiscutible, sobre todo en Sevilla. Sin embargo, tardará más años de la cuenta en materializarse en el complejo de Palmas Altas, salvo que Griñán desactive las demoras y las cortapisas que la Junta (en estrecha alianza con las universidades públicas) forjó hace lustros para rebajar la envergadura de cualquier universidad privada y disuadirla. Lo consideran competencia peligrosa y enemigo a batir. No es mentalidad de sociedad abierta, sino de estamentos cerrados.

Déjense de marearle la perdiz a la Universidad de Loyola, y que sus artífices tengan la libertad de acertar o equivocarse. Permitan que imparta títulos que no existen en el mapa universitario andaluz. Acelren el proceso burocrático con fielato político. Que no tenga que esperar al 2014. No le pongan más puertas al campo. Ni al campus.