Palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Malestar

SUPONGO que el clima de desconcierto y contrición provocado por los dramáticos errores cometidos en el caso Mari Luz también ha influido en la confesión desgarrada que hizo la semana pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, durante el rito de presentación de la memoria judicial de la comunidad. Méndez de Lugo no ha sido un presidente optimista en relación al funcionamiento de la administración de justicia, pero tampoco radicalmente crítico. Es más, se ha sentido cómodo con la Consejería de Justicia, en particular con la penúltima titular, la letrada granadina María José López. Tampoco se ha dejado demoler por la repetición, año tras año, de los defectos contenidos en los memorándum. Hasta este año en que el presidente, quizá contagiado por la desmoralización que ha calado en todos los ámbitos sociales y políticos, ha afirmado que los errores habidos en el caso Mari Luz "lo que ponen de manifiesto es un sistema judicial que no funciona, y que hay que cambiar en su totalidad por un nuevo modelo de justicia". Y ya sin reservas: "El sistema judicial actual no sirve".

Supongo que no es una percepción nueva. Ese sistema judicial inservible es el mismo que ha funcionado con relativa satisfacción en las últimas décadas en Andalucía o, al menos, no ha inspirado manifestaciones tan contundentes y, en cierto modo, tan inconsolables como la de Méndez de Lugo hace apenas una semana. Porque si, en efecto, el modelo es atrasado, inviable y defectuoso, la corrección y renovación son responsabilidades de política que corresponde a la Junta de Andalucía y también, claro, al Gobierno de España. Y con la Junta, al menos, las relaciones nunca han sido agrias ni ardorosamente reivindicativas.

Los retrasos en las salas de lo Contencioso, por ejemplo, vienen de muy atrás, tanto que los desajustes parecen, no una anomalía excepcional, sino una circunstancia corriente e incluso característica. En 2008 algunas de estas salas concertarán juicios para 2012. ¡Cuatro años de espera para, por ejemplo, solventar una reclamación contra una multa de tráfico! No ha habido una actitud resolutiva por parte de los responsables directos de tales desarreglos para acabar con las disfunciones que ahora se nos antojan insufribles y lastimosas. Lo que está por ver es cuánto dura el espíritu Mari Luz, ese estado de conciencia radicalmente vivo y sensible articulado por el propio Méndez de Lugo.

No es fácil acabar con los desarreglos judiciales. Hace falta decisión, pero también presupuesto. Pero ahora que comienza la nueva legislatura, quizá sería suficiente con que no se esfumara el malestar ni la mala conciencia. Son un buen carburante.

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