DOS mil manifestaciones se producen al año en Madrid. Dos mil manifestaciones que durante docenas de días convierten la capital en una ciudad invivible, y el que piense lo contrario que se acerque uno de esos días y trate de realizar una gestión, dar un paseo, hacer una compra, acudir a una cafetería, ir al cine o teatro o darse una vuelta por un museo. Siempre se ha dicho que los límites de la libertad estaban allí donde se podría invadir la libertad de los demás. Pues bien, durante los últimos años, la libertad de los residentes o visitantes de Madrid y de otras ciudades importantes españolas se ha visto cercenada por manifestantes que no siempre se han comportado pacíficamente, y que en los últimos tiempos no han sido capaces de cortar el paso a profesionales de la algarada, y a veces de la delincuencia.

Lo ocurrido en las intentonas de asalto al Congreso de los Diputados había que haberlo vivido en primera persona para dar opinión. Hubo manifestantes que se comportaron como marcan los cánones, pero otros lo hicieron sin escatimar métodos de agresividad inusitada. Hubo respuesta policial desproporcionada en algunos casos, pero al igual que hay imágenes escalofriantes de la respuesta desproporcionada las hay también de las agresiones a las fuerzas del orden, aunque se han emitido con menos alharaca; y no hay que olvidar que la mitad de los heridos pertenecían a la Policía Local y Nacional.

La delegada del Gobierno en Madrid ha abierto el debate sobre las manifestaciones, lo que ha provocado un debate nada menos que con su jefe, el ministro de Interior. Desde la oposición se ha criticado con acidez la actuación policial, esgrimiendo el derecho a la libertad de manifestación, que desde luego hay que defender pero tiene poco que ver con el vandalismo que se ha visto estos últimos días; la portavoz Soraya Rodríguez, en unas declaraciones absolutamente demagógicas, ha dicho que lo que quiere el Gobierno del PP es que los vecinos de Madrid se queden en silencio metidos en casa. Pues no: lo que quieren los vecinos de Madrid es precisamente lo contrario, no verse obligados a quedarse metidos en casa porque, si salen, pueden recibir algún golpe o verse envueltos en una carga policial o de los manifestantes.

¿Derecho a manifestarse? Sí, pero también a cumplir la ley. Y, en estos tiempos en los que se toman tantas medidas de protección de la grande y pequeña economía, que alguien haga algo para proteger a quienes son víctimas de dos mil manifestaciones. En el centro de Madrid se han cerrado infinidad de locales que no pudieron resistir las semanas de acampada del 15-M. Ahora, los que están abiertos, se temen que deban claudicar ante el 25-S, el 29-S … y lo que queda.